Las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo nacional para reducir el déficit, reactivar la inversión, generar empleo y hacer retroceder a la pobreza generan en los distintos sectores involucrados polémicas, rechazos y aprobaciones. Cada una supone la modificación de la legislación vigente, pero la letra chica de cada una de las leyes que formaran parte de las propuestas de cambios que el Poder Ejecutivo elabora no está definida.
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Las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo nacional para reducir el déficit, reactivar la inversión, generar empleo y hacer retroceder a la pobreza generan en los distintos sectores involucrados polémicas, rechazos y aprobaciones. Cada una supone la modificación de la legislación vigente, pero la letra chica de cada una de las leyes que formaran parte de las propuestas de cambios que el Poder Ejecutivo elabora no está definida.
De ahí el extenso proceso deliberativo entre gobernadores, legisladores y sindicalistas.
Los problemas de nuestro sistema tributario son muchos. Una estructura poco equitativa, elevada presión impositiva, 40% de una economía informal que genera una gran evasión, impuestos distorsivos como el impuesto a los débitos y créditos bancarios y el que recaudan las provincias llamado actividades económicas (en Salta) o lucrativas. Este gravamen se cobra en cascada, es decir, en cada una de las etapas de producción y comercialización y se carga al precio final. Resultado: desalienta las inversiones, genera mayores costos y, por consiguiente, no ayuda a crear empleos, pero es una recaudación muy significativa para las provincias.
Las reformas planteadas se orientan a realizar los cambios en forma gradual para reducir la presión tributaria solo un 1,5 puntos del PBI en los próximos cinco años. Se trata de un plazo muy ambicioso para la implementación de un plan económico, teniendo en cuenta la historia de excesos y ajustes ya acostumbrados.
El porcentaje de reducción de la presión tributaria no se notará inmediatamente; lo que sí sentiremos en los próximos meses son los aumentos de energía y transporte.
Si realmente se busca aumentar el empleo e incentivar las inversiones, por lo analizado en los proyectos de reformas cabe deducir que los incentivos en el corto plazo vendrán de instrumentos no tributarios.
Según lo manifestado por el Ministerio de Hacienda, las reformas de simplificación tributaria planteadas fueron similares a las realizadas recientemente en países limítrofes como Uruguay y Chile, a los que se les pidió la opinión de la sociedad aparte del debate parlamentario. En ambos casos, los tiempos fueron más breves. Quizá escaldados por experiencias previas en nuestro país, se pensó en hacerlo en cinco años, un plazo probablemente demasiado largo para los desequilibrios macroeconómicos periódicos a los que estamos acostumbrados.
Propuestas más aceptadas
Las propuestas más aceptadas son la reducción de la carga tributaria sobre el factor trabajo, el aumento de la deducción especial de impuesto a las ganancias para trabajadores autónomos, la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles, la reducción de la carga tributaria sobre el precio de los combustibles, la promesa de tomar el impuesto a los débitos y créditos bancarios ( que no será derogado) como pago a cuenta en porcentajes progresivos del impuesto a las ganancias y los mecanismos de disminución en el pago del impuesto a las ganancias e IVA para incentivar la inversión real y el empleo en las empresas.
Las críticas de la mayoría de los sectores son varias: la no reducción inmediata de la presión impositiva, la creación de un impuesto a la venta de un segundo inmueble, la fuerte suba de las tasas de impuestos internos de algunos productos de las economías regionales (vino, vino espumante, etc.) y la baja de otros y la extensión a las personas físicas del impuesto a las ganancias sobre la renta de todo activo financiero.
La Nación y las provincias
El impuesto a las actividades varias o lucrativas y el impuesto de sellos, en muchas provincias representa hasta siete pesos de cada diez que recaudan como recursos propios, y resulta muy difícil reemplazarlos.
Es un impuesto distorsivo ya que grava cada una de las etapas de producción y comercialización que se carga a costos, hay provincias que gravan con porcentajes mayores al 5% y, si observamos que un producto por ejemplo entre producción y comercialización minorista tiene cuatro etapas, podemos afirmar que en este ejemplo el precio del bien aumenta un 20% quitando competitividad con otros productos producidos en otras regiones o importado.
Si se quiere bajar, eliminar o unificar las tasas de gravabilidad de estos impuestos provinciales, es imprescindible explicitar qué ofrecerá la administración central para compensar esta reducción significativa para sus economías.
El conjunto de medidas, que ofrece varios perfiles, se convierte en un nuevo pacto fiscal entre Nación y Provincias ya que se busca de acuerdo a lo anunciado bajar el gasto público de 43% del PBI al 22% en 2023. Es simple: en una economía normal el gasto del Gobierno aumenta en función del crecimiento de la economía y no en forma discrecional como lo veníamos haciendo en estos últimos años.
Números en danza
El presidente Macri afirma que busca “lograr una distribución equitativa de los recursos” y se comprometió a analizar las necesidades básicas insatisfechas. Actualmente la distribución de recursos de la Nación a las provincias es muy inequitativa, Salta en una de las que menos recursos reciben para gastar por habitante.
Falta definir qué pasará con el incremento del Fondo de Conurbano que reclama la Provincia de Buenos Aires, actualmente esperando un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, lo que pide que se actualice esta participación, está reclamando unos $65.000 millones que si llega a prosperar ese pedido no sabemos si será pagado con los dineros de la coparticipación federal restando a lo que le corresponde al resto de las provincias o que el tope que actualmente cobra Buenos Aires se mantenga y que Nación pague la diferencia para que recupere su participación relativa además de analizar que los recursos de la provincia de Buenos Aires aumentarán un 48%, y el resto de las provincias recibirán un 22 a 25% de incremento.
Solo resta esperar que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso los proyectos de leyes anunciadas, por lo que se conoce comparto una frase de un conocido economista que dijo que las reformas tienen “sabor a poco”, esperando se discuta una propuesta razonable que disminuya la presión tributaria y baje el gasto público.
Será necesaria una política de gasto público más riguroso y eficiente, que se mantenga en el tiempo y propiciar los cambios institucionales para desalentar y abatir con mayor eficacia la evasión impositiva.