El pacto fiscal alcanzado entre la Nación y las provincias fue celebrado en forma casi unánime por los protagonistas. Ninguno de ellos ignora, por cierto, que su valor fundamental radica en el compromiso de compartir los esfuerzos de austeridad, optimización del gasto y eficiencia del Estado frente a los flagelos de la inflación, el déficit, la recesión y el desempleo que se acumulan desde hace décadas.
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El pacto fiscal alcanzado entre la Nación y las provincias fue celebrado en forma casi unánime por los protagonistas. Ninguno de ellos ignora, por cierto, que su valor fundamental radica en el compromiso de compartir los esfuerzos de austeridad, optimización del gasto y eficiencia del Estado frente a los flagelos de la inflación, el déficit, la recesión y el desempleo que se acumulan desde hace décadas.
Se trata, entonces, de un compromiso para trabajar en aspectos puntuales frente a problemas estructurales. Por la profundidad de los acuerdos, se configura un pacto mucho más trascendente que los que se alcanzaron en los años 90. Y en este punto, hay que recalcar que aquellos acuerdos naufragaron debido a incumplimientos en materia de responsabilidad fiscal.
Esa experiencia debe servir para que todos, el Gobierno nacional y los gobernadores, lleven el compromiso hasta las últimas consecuencias.
Es evidente que, en cada paso que fue dando, el Gobierno nacional buscó el apoyo de los mandatarios en una estrategia compleja, caracterizada por el fenómeno de "la frazada corta". La urgencia por generar inversión y empleo impone la necesidad de una reestructuración impositiva, para simplificar el sistema y disminuir la presión tributaria sobe la producción. Ese objetivo requiere una reforma en el régimen laboral y la adhesión de los intendentes para eliminar gravámenes distorsivos. Al mismo tiempo, resulta imprescindible eliminar el déficit fiscal, que torna inviable a la economía. La inflación y el endeudamiento solo agravan el problema, por lo que resulta clave reducir el gasto. Claro que con un 30% de pobreza y los niveles alarmantes de degradación laboral que padece nuestro país, los recortes o ajustes deben decidirse a escala humana, y sin el rigor carente de sentido político que sostienen algunos economistas ortodoxos.
También resulta claro que el presidente Mauricio Macri necesitaba restituir a la provincia de Buenos Aires el Fondo del Conurbano, para asegurar el financiamiento de la provincia con mayor peso electoral y con el principal potencial productivo. La inminencia de un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceleró la voluntad de los gobernadores para negociar y acordar. Las concesiones que hizo el Estado nacional fueron varias. Se compensará a las provincias para evitar el desfinanciamiento con recursos del Tesoro, se emitirá un bono para distribuir 125 mil millones de pesos a lo largo de 11 años y se coparticipará lo recaudado por el revalúo de inmuebles, que impulsarán a partir de ahora y del que se espera un ingreso comparable a la mitad del último blanqueo.
Con el acuerdo quedaron sin efecto juicios cruzados entre Nación y provincias por 650 mil millones de pesos. Se considera que la resolución política de los diferendos elimina el factor "contingencia", que genera dudas entre los inversores externos y muestra una madurez institucional superadora.
De todos modos, nada de todo esto servirá si el pacto no se traduce en desarrollo armónico del país y en avances firmes hacia el federalismo real.
Más allá del entusiasmo de los protagonistas, el Norte argentino y Salta siguen esperando soluciones estructurales que se demoran demasiado. El Plan Belgrano es por ahora una promesa de inversiones extraordinarias, y esperadas por décadas, en materia de ferrocarriles, autovías e infraestructura social.
La "lluvia de inversiones" en producción agroindustrial, minera y tecnológica, y en desarrollo turístico todavía no llegó. En tanto, las verdaderas "grietas" que castigan a las provincias, que no son las que enfrentan a sectores ideológicos, siguen sin cerrarse. Esas grietas son, por una parte, las que provoca la exclusión de los pobres y los desempleados. Por otra, las que fracturan el territorio y generan abismales desventajas para las empresas del interior con respecto a las del centro productivo.
Los gobernadores se comprometieron a apoyar un paquete de reformas tributaria, laboral y previsional que pueden tener efectos transformadores.
Ahora deberán velar todos para que esas medidas hagan posible suturar esas grietas, que son el gran drama de los argentinos.