En la tarde, la enorme pala cargadora empezó a rasguñar la arcilla del vertedero San Javier, haciendo una trinchera de enterramiento sanitario. Poco tiempo después, un camión con semi ingresó al predio y se estacionó con la caja apuntando al pozo ya abierto. Entonces, la pala cargadora comenzó a bajar las grandes bolsas repletas de alimentos, ropa, juguetes, etc., todos artículos ingresados al país en forma ilegal e incautados por Aduanas y la Justicia Federal. Era el 11 de abril de este año.
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En la tarde, la enorme pala cargadora empezó a rasguñar la arcilla del vertedero San Javier, haciendo una trinchera de enterramiento sanitario. Poco tiempo después, un camión con semi ingresó al predio y se estacionó con la caja apuntando al pozo ya abierto. Entonces, la pala cargadora comenzó a bajar las grandes bolsas repletas de alimentos, ropa, juguetes, etc., todos artículos ingresados al país en forma ilegal e incautados por Aduanas y la Justicia Federal. Era el 11 de abril de este año.
En lo que va de este 2017 se hicieron once enterramientos de mercadería ingresada ilegalmente, en un proceso que generó molestia y hasta indignación ante muchos ojos que ven con desagrado cómo se entierran miles y miles de bolsas de comida, ropa y calzado que podría donarse a organizaciones de bien público para atender emergencias sociales, tal como establece la ley nacional 25.603 (artículo 5) que modificó el Código Aduanero en 2002.
El problema es complejo y termina enmarañado en la burocracia estatal, que se toma tiempos más prolongados que la vida útil de las mercaderías secuestradas que son recuperables, y que solo redunda en depósitos abarrotados de bolsas que permanecen varios años hasta que alguien finalmente decide su entierro.
La incautación
Dos son las vías por las que la mercadería llega decomisada a los depósitos de Aduanas, de la Justicia o de Gendarmería. Cuando el cargamento que se ingresó al país sin papeles ni pagar las tasas correspondientes tiene una valuación de hasta 100.000 pesos, esa operación se caratula como una infracción al Código Aduanero, lo mismo que cuando se habla de un cargamento de hasta 200 kilos de hojas de coca. En ambos casos actúa la Aduana Argentina. Si se superan esos límites o si se trata de estupefacientes u otros objetos prohibidos por la ley (por ejemplo precursores químicos) actúa la Justicia Federal.
En un primer momento la mercadería se incauta y es llevada en custodia a los depósitos de Aduanas, de la Justicia Federal (que en general solo resguarda estupefacientes y otros objetos, pero no ropa ni comida), y en Gendarmería Nacional.
Ninguna carga se toca, en general, hasta que el proceso administrativo o judicial finaliza.
"En algunos casos, Aduanas no encuentra a los propietarios de mercaderías, o si los encuentran no tienen los papeles o no pagan las multas; hasta que la situación se resuelve pueden pasar entre tres meses y un año", contó una fuente cercana a las investigaciones que se despliegan después de cada decomiso.
En la Justicia Federal los tiempos no son más cortos.
Una vez finalizados cualquiera de estos procesos, el material que está prohibido en el país, como estupefacientes o pirotecnia sin aprobación del Renar, etc., es enviado a su destrucción ya sea a hornos pirolíticos o incinerado a cielo abierto.
En cambio si es mercadería que se puede destinar a fines sociales, quedan a disposición de la Secretaría General de la Presidencia.
Aquí, aparentemente y según varias fuentes vinculadas al Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Justicia Federal y fuerzas de seguridad, aparece el problema. Existe un severo retraso en las decisiones desde la Secretaría nacional para destinar esa mercadería, demora que supera holgadamente el año y a veces suma dos o tres períodos.
"En ese plazo, si hablamos de comida, lo más probable es que termina completamente vencida o podrida y hay que enterrarla; incluso imagínese si tiene un galpón con bolsas y bolsas de ropa, calzado u otros elementos, que no puede ventilar ni airear porque está repleto, también con el tiempo se arruina todo y no sirve más", señaló otra fuente.
Los volúmenes de la mercadería que Aduana y Gendarmería Nacional incautan (y luego se tira a la basura) son impresionantes. Para dimensionar solo basta recordar tres secuestros de este año: el 25 de mayo, en El Naranjo, se incautó mercadería valuada en $7 millones; el 10 de julio, en la ruta nacional 5 cerca de Río Blanco, una carga cotizada en $3 millones, y la mayor en Apolinario Saravia, el 12 de octubre, valuada en $15 millones.
Depósitos saturados, peligro inminente
Cada vez que hay un decomiso surge la discusión de quién guardará los productos.
“La droga se la quema lo antes posible; la mercadería es un problemón porque se pudre hasta que la burocracia permite darle un destino”. La frase es de un funcionario que pidió la reserva de su nombre y cargo. No le “corresponde” decir nada de una misma queja que tiene acumuladas innumerables notas de Juzgados Federales, de Gendarmería Nacional y de la Aduana en el Gobierno Nacional: tienen los depósitos repletos y no pueden seguir acumulando mercadería secuestrada.
Apenas se indaga sobre por qué se entierra comida, ropa y calzado que se podría donar a gente de escasos recursos, surge el problema de la burocracia estatal y, a continuación, la falta de espacios por esa acumulación irracional.
“Es un problema -dijo otra fuente- porque después de algunos meses y sin poder ventilar los galpones, lo que es comida se pudre, aparecen roedores, alimañas y es un riesgo para todos”.
El problema, aseguran todos, no es solo en Salta. “Tampoco hay espacios, por ejemplo, en el puerto de Rosario, donde Aduanas tiene grandes galpones”, añadió.
11 operativos este año
Hasta ahora, en el vertedero San Javier, se hicieron once enterramientos de mercadería, algunos por disposición de Aduanas, otros ordenados por la Justicia Federal y otros por ambas. Fueron el 9 de febrero, 11 de abril; 4, 10 y 12 de mayo, 28 de junio, 26 de julio, 2 de agosto, 13 de septiembre, 5 de octubre y 13 de noviembre.
Aunque no es lo óptimo, para evitar la irrupción de recuperadores del vertedero, varios de estos enterramientos se realizaron de noche. Cuando el trabajo de las cooperativas concluye, llegan los camiones de Gendarmería o de Aduana para desechar la mercadería imposible de recuperar.
En las fotografías que se conocieron sobre esta disposición final llamó la atención que se enterraran algunos objetos que deberían tener otras formas de destrucción: hojas de coca y elementos de pirotecnia.