Se ha prorrogado mediante decreto de necesidad y urgencia por un año más la vigencia de la ley 6.583, ley que fuera dictada durante el gobierno del contador Hernán Cornejo a mediados de 1990. La circunstancia que rodeaba a la Provincia en aquel momento poco tiene que ver con la circunstancia actual que sufrimos, la cual es la derivación de un manejo discrecional e incorrecto del gasto público, que por acciones del Ejecutivo se ha visto incrementado a niveles totalmente fuera de control, y que ya es muy difícil de bajar, porque afectaría socialmente a un gran número de personas.
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Se ha prorrogado mediante decreto de necesidad y urgencia por un año más la vigencia de la ley 6.583, ley que fuera dictada durante el gobierno del contador Hernán Cornejo a mediados de 1990. La circunstancia que rodeaba a la Provincia en aquel momento poco tiene que ver con la circunstancia actual que sufrimos, la cual es la derivación de un manejo discrecional e incorrecto del gasto público, que por acciones del Ejecutivo se ha visto incrementado a niveles totalmente fuera de control, y que ya es muy difícil de bajar, porque afectaría socialmente a un gran número de personas.
El manejo indiscriminado del gasto público ha llevado a poner a Salta en una situación de verdadera emergencia, ¡por no decir de desastre!
El incremento del gasto corriente más allá de lo razonable coloca en excesiva vulnerabilidad las finanzas y la economía de la Provincia.
No ha bastado que se haya prácticamente duplicado en términos reales el ingreso provincial en materia de egresos corrientes, es decir recaudación de impuestos provinciales más coparticipación, con respecto al último año del gobierno de Juan Carlos Romero.
Ante esta circunstancia, si se hubiese manejado en forma adecuada, equilibrada y prudente, podríamos tener en este momento una provincia totalmente desahogada en sus finanzas y con posibilidades de emprender obras públicas con recursos propios. Pero, lamentablemente, esta no es la realidad.
Lo curioso de la prórroga está en el contenido de la ley que se va a prorrogar. El artículo primero habla de la prohibición del otorgamiento de subsidios, pero si uno examina en el Boletín Oficial de la Provincia, vemos que no han sido evitados ni se han dejado de otorgar. Por ejemplo, entregados a entidades que pueden contar con autofinanciamiento como ser el Auto Club Salta, Salta Básquet, La Liga Salteña de Fútbol, o se promocionan eventos que poco tienen que ver con la situación de emergencia que dicen se prorroga.
Otra curiosidad de esa ley es que establece la prohibición de nombrar más empleados que aquellos que existían en el año 1990. Hoy debe haber aproximadamente el triple de empleados públicos, que sin ningún desparpajo y sin sonrojarse se sigue nombrando e incrementando la planta estatal. Por supuesto que los empleados no tienen la culpa, la culpa la tienen aquellos que manejan los recursos del Estado, quienes ni siquiera procuran brindar servicios adecuados a las necesidades que tiene la población.
La continuidad de esta ley por más de 26 años representa que durante ese tiempo los gobiernos que estuvieron no pudieron salir de la situación de emergencia. Es por eso que Salta necesita un verdadero cambio en el manejo de la economía y las finanzas, y sobre todo de las prioridades del gasto, de forma tal que lejos de convertir el Estado en un reducto y refugio para los colaboradores de campaña, o aquellos que adhieren a quien comandó el gobierno, se transforme de una vez por todas en una verdadera entidad de bien público, dinámica y por supuesto eficiente.
Es momento de dejar de utilizar figuras como el DNU para prorrogar una ley que poco tiene de aplicación, salvo el hecho de evitar que ejecuten a la Provincia. Que la Justicia no alcance a la Provincia, es decir que no se puedan ejecutar las sentencias en su contra por deudas hacia particulares, representa una verdadera alteración del Estado de Derecho. Por decreto decidimos que la Justicia no exista.
El bien público del Estado es protegido en la medida en que él mismo actué con prudencia y racionalidad, de ninguna manera se puede utilizar el poder público para ir en contra de los ciudadanos para los que está comprometido defender y servir.