Hace poco más de un mes, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que “la reforma laboral que llevará adelante el Gobierno será discutida por todos los sectores, gremio por gremio, y no mediante una gran ley”. Casi al día siguiente del triunfo electoral, el Gobierno daba a conocer su proyecto de “gran ley”. Es de ingenuos creerle a un político en campaña, pero muchos que se esperanzaron con el prometido “cambio” están sufriendo una angustiante desilusión. Podría predicarse que nada bueno surge de una mentira; y aquí lo confirmamos. Este proyecto, desde lo conceptual, hace tabla rasa con principios consagrados constitucionalmente. Sin embargo, no reforma ni deroga leyes reiteradamente declaradas inconstitucionales como la ley sindical y la de riesgos de trabajo. En este partido los trabajadores pierden por goleada y a las pymes las empatan. Únicos ganadores: las grandes empresas y la burocracia sindical de Buenos Aires. A las pymes se les hace creer que son como las grandes empresas, cuando en realidad también son víctimas de un sistema pensado en el monopolio empresarial y sindical porteño.
El radical Jorge Sappia, ex ministro de Trabajo de la Nación, afirmó que con esta propuesta se produce un atraso de 100 años. Respetuosamente, discrepo. Hay que ir un poquito más atrás. Digamos unos 3.767 años, cuando el rey babilónico Hammurabi dio a conocer las primeras leyes escritas de la historia. Escritas en un magnífico bloque de diorita que hoy está en el museo del Louvre con su impresionante negrura de 2,25 metros de alto. Según la leyenda es la piedra más dura de la naturaleza: para que ni un rey pudiera borrar sus eternas leyes.
Pero los humanos cambiamos. Sus pétreas normas que dieron nacimiento al principio pro debilis (a favor de los débiles) han sufrido el embate de los poderosos a través de los siglos. En nuestro caso, los débiles de la relación no son solamente los trabajadores sino también los emprendedores pyme.
Un claro ejemplo: sin duda que hacía falta una reforma laboral para recortar algunas desmesuradas indemnizaciones que perciben los trabajadores no registrados y que, efectivamente, llevan a la desaparición a muchas pymes.
¿Qué hace la reforma? Le quita toda indemnización al trabajador no registrado, pero mantiene las exorbitantes multas, cambiando de destinatario ya que el acreedor de ellas será la AFIP. (trabajadores=cero; pymes=empatadas).
Otra inexplicable omisión mantiene una norma inicua, considerada injusta aun por los abogados más obreristas. Se trata del artículo 132 bis, que dispone que, si una empresa omitió el depósito de un pequeño monto retenido por cargas sociales, deberá pagar una multa equivalente a un mes de sueldo por cada mes que transcurra hasta que regularice el depósito. Por negligencia o desconocimiento, muchas empresas dejan transcurrir el tiempo acumulando mensualidades durante años.
El proyecto no trae una sola disposición destinada a romper el marco antifederalista de la legislación laboral, tampoco para favorecer la negociación “sector por sector, gremio por gremio”. Ni una mención a la negociación por empresas ni a la adecuación a las realidades regionales que continuaran sometidas a los dictados del poder central. Tampoco una sola disposición que diferencie laboralmente a la gran empresa automotriz del taller de don Giuseppe; o al kiosco de Manolo de cualquier hipermercado.
Nuestras reflexiones pretenden contribuir a un gran debate para que la propuesta del Gobierno no alcance sanción legislativa tal como ha sido concebida. Así, no contribuye a la paz social y producirá el efecto inverso al querido: un incremento descomunal de la litigiosidad laboral.
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Hace poco más de un mes, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que “la reforma laboral que llevará adelante el Gobierno será discutida por todos los sectores, gremio por gremio, y no mediante una gran ley”. Casi al día siguiente del triunfo electoral, el Gobierno daba a conocer su proyecto de “gran ley”. Es de ingenuos creerle a un político en campaña, pero muchos que se esperanzaron con el prometido “cambio” están sufriendo una angustiante desilusión. Podría predicarse que nada bueno surge de una mentira; y aquí lo confirmamos. Este proyecto, desde lo conceptual, hace tabla rasa con principios consagrados constitucionalmente. Sin embargo, no reforma ni deroga leyes reiteradamente declaradas inconstitucionales como la ley sindical y la de riesgos de trabajo. En este partido los trabajadores pierden por goleada y a las pymes las empatan. Únicos ganadores: las grandes empresas y la burocracia sindical de Buenos Aires. A las pymes se les hace creer que son como las grandes empresas, cuando en realidad también son víctimas de un sistema pensado en el monopolio empresarial y sindical porteño.
El radical Jorge Sappia, ex ministro de Trabajo de la Nación, afirmó que con esta propuesta se produce un atraso de 100 años. Respetuosamente, discrepo. Hay que ir un poquito más atrás. Digamos unos 3.767 años, cuando el rey babilónico Hammurabi dio a conocer las primeras leyes escritas de la historia. Escritas en un magnífico bloque de diorita que hoy está en el museo del Louvre con su impresionante negrura de 2,25 metros de alto. Según la leyenda es la piedra más dura de la naturaleza: para que ni un rey pudiera borrar sus eternas leyes.
Pero los humanos cambiamos. Sus pétreas normas que dieron nacimiento al principio pro debilis (a favor de los débiles) han sufrido el embate de los poderosos a través de los siglos. En nuestro caso, los débiles de la relación no son solamente los trabajadores sino también los emprendedores pyme.
Un claro ejemplo: sin duda que hacía falta una reforma laboral para recortar algunas desmesuradas indemnizaciones que perciben los trabajadores no registrados y que, efectivamente, llevan a la desaparición a muchas pymes.
¿Qué hace la reforma? Le quita toda indemnización al trabajador no registrado, pero mantiene las exorbitantes multas, cambiando de destinatario ya que el acreedor de ellas será la AFIP. (trabajadores=cero; pymes=empatadas).
Otra inexplicable omisión mantiene una norma inicua, considerada injusta aun por los abogados más obreristas. Se trata del artículo 132 bis, que dispone que, si una empresa omitió el depósito de un pequeño monto retenido por cargas sociales, deberá pagar una multa equivalente a un mes de sueldo por cada mes que transcurra hasta que regularice el depósito. Por negligencia o desconocimiento, muchas empresas dejan transcurrir el tiempo acumulando mensualidades durante años.
El proyecto no trae una sola disposición destinada a romper el marco antifederalista de la legislación laboral, tampoco para favorecer la negociación “sector por sector, gremio por gremio”. Ni una mención a la negociación por empresas ni a la adecuación a las realidades regionales que continuaran sometidas a los dictados del poder central. Tampoco una sola disposición que diferencie laboralmente a la gran empresa automotriz del taller de don Giuseppe; o al kiosco de Manolo de cualquier hipermercado.
Nuestras reflexiones pretenden contribuir a un gran debate para que la propuesta del Gobierno no alcance sanción legislativa tal como ha sido concebida. Así, no contribuye a la paz social y producirá el efecto inverso al querido: un incremento descomunal de la litigiosidad laboral.