"Estoy acá porque siento que no fui escuchada en ningún momento. Estoy siendo víctima de la Justicia para la que trabajo. Traté de ayudar a la Justicia, de aportar datos y resulta que fueron usados en mi contra. Me acabo de enterar por mi familia que hay una orden de detención", dijo Carmen Patricia Álvarez, la empleada judicial que se encuentra detenida desde el lunes pasado, imputada por desobediencia judicial y supuesto abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez de un menor, cuando el chico tenía 15 años.
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"Estoy acá porque siento que no fui escuchada en ningún momento. Estoy siendo víctima de la Justicia para la que trabajo. Traté de ayudar a la Justicia, de aportar datos y resulta que fueron usados en mi contra. Me acabo de enterar por mi familia que hay una orden de detención", dijo Carmen Patricia Álvarez, la empleada judicial que se encuentra detenida desde el lunes pasado, imputada por desobediencia judicial y supuesto abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez de un menor, cuando el chico tenía 15 años.
Hasta ayer, la mujer se encontraba en el hospital Melchora Figueroa de Cornejo de Rosario de la Frontera, donde el domingo pasado hizo declaraciones en una nota concedida al periodista Pablo Hansen, de Canal 2, Cable Visión, de esa localidad. "Estoy acá porque me dio una crisis. Desde hace dos días que estoy con certificado psiquiátrico, porque estoy en un estado de depresión reactiva situacional por lo que me está pasando", señaló la mujer al medio televisivo rosarino.
"Primeramente quiero aclararles que no soy culpable del abuso que se me acusa. No hubo pruebas como la gente decía. Si hubiera habido una prueba hoy en día ya estaría detenida. Las pruebas, es cierto, se las están pidiendo. Me hicieron pericias en el CIF, que todavía no están incorporadas", destacó en la entrevista que le realizaron en el nosocomio, donde permanece detenida formalmente, desde el lunes, con consigna policial.
"Tengo tres causas, que me parece mal. Se me acusa por violencia familiar, cuando no existe un vínculo de parentesco. Es más el menor negó las acusaciones de los padres. Ese expediente se tramita en el juzgado de la doctora Frida (Bosernitzán, jueza de Familia), quien autorizó la internación del menor en el hogar Nazaret, a pedido de los padres, supuestamente. Ellos usaron al menor para exponerlo ante las redes sociales, diciendo que estaban preocupados. Lo que hicieron en realidad fue hacerle un daño, por el cual él está sufriendo ahora. No solo él, están padeciendo mis hijos y yo. Peleo para que se demuestre la verdad, soy inocente hasta que se demuestre lo contrario", dijo.
El lunes pasado se efectivizó la detención solicitada por el fiscal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, al juez de Garantías, Mario Dilascio, debido a que Carmen Patricia Álvarez incumplió con las medidas restrictivas impuestas, donde se le prohibía mantener contacto con el menor por cualquier vía. El martes, mientras continuaba internada, se le hizo conocer la imputación por desobediencia judicial. Cabe destacar que, además, está imputada por el delito de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez de la víctima.
"Pese a esta situación hubo muchos malos entendidos. Dijeron que porque yo trabajo para la Justicia había dicho que era intocable, que la Justicia me ayudaba y eso es mentira. Desde el primer momento, la primer medida que se tomó fue por orden del doctor Mario Teseyra (juez de Garantías), porque tengo la notificación y resulta ser que la abogada de los denunciantes es la doctora Nora Barrera, quien sería la esposa del juez que estaba tomando la medida, lo que no corresponde", dijo Álvarez en la entrevista con el periodista Hansen en el hospital de Rosario de la Frontera.
"Eso no salió a la luz. Salieron muchas cosas en El Tribuno, nunca se dijo el nombre de la abogada. Yo quise decir, mencionar, por qué el juez había tomado esa medida, cuando era la señora de él quien me estaba denunciando, acusando. Después, una vez que se hizo la denuncia penal el juez se inhibió, pasó a manos del doctor Dilascio, se armó un legajo en la fiscalía penal. Con respecto a la imputación, se están incorporando las pruebas, el fiscal pidió las pruebas correspondientes", indicó.
"Después desapareció el menor, que también me inculparon. Yo recibí llamadas del menor, es cierto, pero puse en conocimiento de la doctora Frida, que es del juzgado de Familia. Ella misma la puso en conocimiento a la abogada de los denunciantes y me iniciaron la querella por ese llamado, cuando yo quería que se supiera todo y se aclarara para ayudar a la Justicia y resulta que me jugó en contra", señaló la empleada judicial.
"Falta de imparcialidad"
Álvarez dijo que en un primer momento decidió callar, mantenerse al margen y dejar que su abogado hiciera todo. "Pero ya estoy viendo la falta de imparcialidad que existe y el daño que nos están haciendo, no solo a mí, sino también a mis hijos. Están utilizando a la gente para escracharme, para criticarme, cuando la gente no sabe exactamente lo que pasa, por eso no dan los datos exactos", remarcó.
Dijo que la familia de los padres del chico no sabe la verdad, porque los padres hasta ahora mintieron. Señaló que ellos usaron a su familia, y dijo que su familia está usando a la gente para decir cosas que desconocen. "Si hoy hubiera habido una prueba sexual como ellos dicen, yo hoy estaría detenida. Después que desapareció el chico me inculparon también por un secuestro, diciendo que yo lo tenía. Cuando fue la Brigada a allanar mi casa no encontraron nada. Fue la Policía diariamente a entrar a mi casa, revisaron todo y siempre se los permití. Estuve a disposición de la Justicia y todo eso fue usado en mi contra", dijo la empleada judicial, antes de conocer la orden de detención que se formalizó el lunes pasado.
Al comienzo pensó en quitarse la vida
La mujer llamó al canal de televisión rosarino para hablar. Sobre el pedido de detención del fiscal López Ibarra y la custodia policial en el hospital, señaló: “Vino mi familia, preguntaron respecto a la consigna y dijeron que estaban acá por la crisis que me dio. Porque es verdad, en algún momento tenía que explotar. En un principio pensé en quitarme la vida por la situación que estoy viviendo, hay una cuestión interna adentro y acá yo soy una simple empleada. Hay que pensar de dónde es la abogada y a quién le harían más favores. Sentí impotencia, por eso dije basta”.
La entrevistada se quebró y entre sollozos dijo: “Ya no soporto esta situación, vino mi familia, me hablaron y es verdad, estoy muy mal. Tenía un certificado psiquiátrico, del mismo trabajo me mandaron el médico diciendo que yo supuestamente había mandado ese certificado porque estaba en Salta, cuando estaba acá en Rosario. Tengo psiquiátrico porque ya no soporto esta situación. He llegado a no querer levantarme, a no querer comer por la impotencia que tengo, porque no fui escuchada. Y pese a mí, la familia del chico está hablando cosas y no se está fijando dónde está su hijo. Está en un hogar, yo trabajo para la Justicia y sé cómo son esos hogares. Ese chico me llamó pidiéndome por favor que lo ayudara. Puse en conocimiento a la Justicia y eso fue usado en mi contra por una desobediencia”.
La acusada aseguró que tenía buena relación con el padre del menor, quien tenía problemas con la mujer, mientras ella, como se llevaba mal con su hijo, andaba en la calle. “Llegaban las 10 de la noche y el padre lo iba a buscar a mi casa o en cualquier lado. Él se hizo amigo de mi hijo y comenzó a ir a mi casa. Fue a mediados de mayo, yo tenía a cargo una chiquita de 15 años, cuando pasó todo esto la tuve que entregar de manera voluntaria”.