Depende cómo se mire. El Gobierno provincial podría haber mantenido la misma alícuota al impuesto ingresos brutos para el comercio o haberla subido más. El pacto fiscal, justamente para esa actividad, no establecía techos, por la diversidad de porcentajes que cobran los fiscos provinciales. En Salta se optó por elevar la carga.
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Depende cómo se mire. El Gobierno provincial podría haber mantenido la misma alícuota al impuesto ingresos brutos para el comercio o haberla subido más. El pacto fiscal, justamente para esa actividad, no establecía techos, por la diversidad de porcentajes que cobran los fiscos provinciales. En Salta se optó por elevar la carga.
Un capítulo del consenso que firmaron las provincias con la Nación apunta a unificar las alícuotas máximas que se aplican en ingresos brutos. Salta ya aprobó y promulgó la nueva escala que empezará a regir en 2018. La medida generó el rechazo de cámaras empresarias, ya que para el comercio, la construcción y la salud privada implican incrementos impositivos en las próximas semanas. Otras actividades tendrán un descenso (o quedarán exentas) en el corto plazo o proyectado hasta 2022.
Letra chica
En el anexo I del pacto, fechado el pasado 16 de noviembre, se puede ver que el consenso fiscal no establecía un tope unificado en ingresos brutos para el comercio. Recién se fijó la alícuota del 5 por ciento para el período 2019-2022. Hasta este mes, los mercantiles salteños tributan un 3,6 por ciento de sus facturaciones totales, en enero pasarán al 5 por ciento.
Empresarios que dialogaron durante estos días con El Tribuno sostienen que, para dar estabilidad fiscal, la Provincia podría haber mantenido la alícuota en el 3,6 por ciento. Cuestionan que el proyecto que se envió a la Legislatura se haya tratado en forma maratónica, sin tener en cuenta el impacto en la economía y el empleo. Recordaron que en 2013, cuando hubo un reclamo de los policías por mejores salarios, el porcentaje se elevó del 3 al 3,6 por ciento.
En el caso de la construcción, en ese entonces exenta, quedó gravada con un 1,5 por ciento. En 2018, tendrá una alícuota del 3 por ciento.
El comercio es uno de los rubros que más aportes genera a la masa de ingresos brutos en la provincia, según estadísticas de la Dirección General de Rentas.
Entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) se hicieron eco de la decisión de Salta y pidieron que el Grand Bourg dé un paso atrás. La ley ya está promulgada.
Más repercusiones
El tema caló profundo en instituciones radicadas en Buenos Aires y temen que se produzca un efecto dominó. Según adelantaron fuentes empresarias, en los próximos días habrá nuevos comunicados por la suba de impuestos en Salta.
La Provincia, por el compromiso asumido en el consenso fiscal, debe reducir el déficit que, según los últimos datos, supera los 2 mil millones de pesos. De aquí a 2022, ingresos brutos caerá en la recaudación porque varios rubros quedarán exentos, como la explotación de minas, el campo y la industria. Otras actividades, en algunos casos, con un impacto más directo en el bolsillo de los consumidores, seguirán con alícuotas entre el 2 al 5 por ciento.
Los empresarios de las pymes hicieron notar que el traslado a los precios por la suba de ingresos brutos será inevitable, lo que reducirá el poder adquisitivo de los consumidores.
Ese tributo es considerado distorsivo, ya que se aplica sobre el que produce, traslada y vende el producto. Como se toma la facturación total de las empresas, no se contempla si el contribuyentes tuvo pérdidas.
La otra cara
Para el Grand Bourg también es una encrucijada. El 83 por ciento de los recursos propios provienen de ingresos brutos. Con el escenario actual, el Gobierno es consciente de que los recursos nacionales, que nutren el 75 por ciento del presupuesto, empezarán a reducirse.
El martes, en una entrevista que el gobernador Juan Manuel Urtubey dio a El Tribuno, dijo: "En la provincia de Salta veníamos colaborando con los sectores productivos a través de alícuotas diferenciadas".
Señaló que con el camino que marcó la Nación "hoy no hay alícuotas diferenciadas, pues entonces nos obliga a generar beneficios como un incentivo a la reinversión y a políticas de fomento para el comercio legal".
Urubey sostuvo que, en la mayoría de las actividades, hay reducciones en ese impuesto.
Para el turismo, la industria y el comercio, según el proyecto que aprobaron los legisladores, habrá un reintegro indirecto para cada sector.
El 10 por ciento de lo recaudado en ingresos brutos en la actividad mercantil irá para programas contra el comercio ilegal, el mismo porcentaje se volcará para un instituto de promoción turística y para obras de inversión con el objetivo de fomentar la producción.
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