Francisco Sotelo [email protected]
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La Cámara de Diputados dio anoche media sanción al proyecto de ley que establece controles más severos en el trámite del voto con boleta electrónica.
El sistema se acerca un poco más al modelo que estableció un proyecto similar, impulsado por Cambiemos en el Congreso, que fue aprobado por los diputados y que naufragó en el Senado.
El texto redactado por el oficialista Lucas Godoy se hace eco de las objeciones planteadas por la oposición provincial. Ahora se establece el pleno derecho de los partidos a presentar fiscales informáticos que, incluso, podrán acceder al código fuente e inspeccionar cada tramo del proceso. Además, según explicó Lucas Godoy al fundamentar el texto, el escrutinio definitivo será a través de un conteo manual.
"El sistema es bueno y solo busca mayor seguridad y mayor celeridad", dijo el legislador, quien destacó que las autoridades de mesa deberán solicitar a los votantes que verifiquen que lo que eligió en su voto está reflejado en la boleta impresa. A despecho del rechazo universal al sistema, Godoy aseguró que el objetivo es que "se extienda y generalice el voto electrónico".
El diputado de Salta nos une, Guillermo Martinelli, explicó que "se ha trabajado bajo la luz de la experiencia de los anteriores comicios".
"Si leemos cuidadosamente esta reforma, el objetivo es "celeridad, transparencia y confiabilidad", agrego el abogado, que tuvo activa participación en el ajuste del texto.
Ahora, por ejemplo, el control del funcionamiento de las máquinas se debe hacer una vez al principio y dos veces durante la votación. "Son principios y garantías fundamentales de los electores y establece las condiciones para la utilización del sistema", añadió Martinelli. El legislador consideró que "este texto supera la discordia, las dudas y la falta de transparencia". De ese modo, con un trámite muy breve, el proyecto pasó al Senado.
Un fresco de la provincia
Antes, durante dos horas, los legisladores de las distintas bancadas aprovecharon el momento de las manifestaciones para mostrar "grietas" que aparecen en el territorio salteño. Jesús Villa, del Partido de la Victoria, describió con crudeza la situación social del departamento Rivadavia a raíz de las inundaciones y fue sumamente crítico del desempeño del intendente Leopoldo Cuenca, al que acusó de haber cobrado 17 mil pesos por viaje a las personas afectadas por el agua.
Luis Cisneros, de Salta nos Une, denunció "la pobreza, el abandono y la desesperanza del departamento San Martín, donde impera el consumo de droga y hay un 60% de desempleados".
La ruta de la muerte
El diputado y exministro Oscar Villa Nougués planteó, con el respaldo del anteño Pedro Sández, objeciones al proyecto de autopista que el Gobierno nacional tiene previsto aplicar, con una inversión de 2.500 millones de pesos para solucionar el histórico reclamo regional por la ruta 9/34. Aunque reconoció que se está buscando mayor seguridad en una ruta mortífera, consideró que debe seguir atravesando la ciudad. El Gobierno estudia cuatro trazados diferentes y, con el mismo criterio que se aplicará en Gemes, tratan de evitar los tramos urbanos. Para metanenses y gemenses, lo que debería ser motivo de expectativa causa incertidumbre. Con su estilo, Sández acotó que "los peronistas somos muy respetuosos, pero Macri me parece un hipócrita y sus funcionarios unos inútiles".
Cuestiones críticas
La crisis gremial en la industria azucarera y el conflicto de los trabajadores de Transnoa, que hoy se reunirán a las 11 con la comisión de legislación laboral, fueron parte de una agenda crítica a pedido de Germán Rallé. Claudio Del Pla y Marcelo Astún disintieron por el conflicto laboral en San Martín del Tabacal. El Partido Obrero ha hecho del ingenio objeto de una lucha sin cuartel y denuncia que la empresa quiere quitarle la tutela gremial a los cuatro principales dirigentes. El ingenio acusa a esos dirigentes por acciones “violentas y extorsivas”. En la sesión, el oranense Astún recordó que Orán “es tierra arrasada, sin empleo genuino y el paro del año pasado hizo que dejaran de circular por el departamento 80 millones de pesos, que son los sueldos no cobrados por 1.800 empleados”.