Estamos inmersos en un debate confuso y de alto voltaje emocional desencadenado por la violencia de la Reivindicación Ancestral Mapuche en la Patagonia, que llegó a su máxima expresión con la dramática desaparición del artesano bonaerense Santiago Maldonado.
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Estamos inmersos en un debate confuso y de alto voltaje emocional desencadenado por la violencia de la Reivindicación Ancestral Mapuche en la Patagonia, que llegó a su máxima expresión con la dramática desaparición del artesano bonaerense Santiago Maldonado.
En Salta, donde viven no menos de 80 mil aborígenes reales, un número impreciso de personas que se descubrieron indígenas, amparados en dos leyes que interpretan a su modo, ponen en duda el derecho de propiedad.
La diferencia entre los auténticos y los autoproclamados radica en que los primeros viven, en general, en la mayor pobreza y tratando de encontrar un espacio en el sistema productivo, mientras que los otros son en general personas con la economía resuelta, en muchos casos profesionales o políticos, y siempre con fluidos vínculos con el clientelismo.
La pobreza
En nuestra provincia, el 70% de los aborígenes carecen de cobertura social, no tienen servicios cloacales y cocinan a leña. Viven en tierras fiscales, esperan que se regularice su propiedad y tienen dificultades para incluirse en la economía productiva. En los departamentos del norte, concretamente, el 65 % de los niños vive en la pobreza. El último censo consigna que "en 3.632 casillas o ranchos (16%) utilizan como baño un hoyo o excavación en la tierra, mientras que en 4.524 (20%) no hay alternativas para el servicio sanitario. El pozo ciego abarca a 6.256 (28%) y la cámara séptica a 1.937 (9%)". En 2012, el 7% de la población era originaria pero de 30.367 personas mayores de 10 años que no sabían leer ni escribir en toda Salta, el 17% pertenecían a esas comunidades.
Contradicciones
La Ley 23.302, de 1985, declaró de interés nacional "la atención y apoyo... a las comunidades indígenas existentes en el país... para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades".
Para saber qué se entiende por "aborigen", se define como "comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización, e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad".
Por este recoveco legal surgieron numerosas comunidades hasta ahora desconocidas que se registraron como tales ante la tolerancia de jueces y fiscales. La ley, equívoca o mal interpretada, derivó en conflictos que ponen en riesgo el derecho a la propiedad.
En Cachi y en La Poma, pero también en el Valle de Lerma, denuncian que hay muchas personas amparadas en esa ley, con el apoyo logístico de abogados y escribanos, que terminan apropiándose de fincas ajenas. Sostienen que esta situación, amparada por el INAI, ya dejó un tendal de "usurpaciones en fincas privadas". "Vos le preguntás desde cuándo son indígenas o desde cuando tienen cacique, y te responden: desde que existe la Ley Nacional 26.160", contaba hace un tiempo uno de esos vecinos. Otra ley, complementaria, que hace ruido en estos días.