El nuevo régimen penal que aprobó recientemente la Cámara de Diputados para adolescentes, niños y niñas, prevé, entre otras modificaciones, un registro de antecedentes penales. La nueva herramienta jurídica es aprobada a medias. Muchos de los chicos que no llegaron a los 18 años y tienen problemas con la ley sufren otros problemas de índole social como las adicciones a las drogas. Apuntan a que haya un mayor trabajo para evitar que caigan en delitos.
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El nuevo régimen penal que aprobó recientemente la Cámara de Diputados para adolescentes, niños y niñas, prevé, entre otras modificaciones, un registro de antecedentes penales. La nueva herramienta jurídica es aprobada a medias. Muchos de los chicos que no llegaron a los 18 años y tienen problemas con la ley sufren otros problemas de índole social como las adicciones a las drogas. Apuntan a que haya un mayor trabajo para evitar que caigan en delitos.
"Un chico no comienza a cometer delitos de un momento para otro. Hay una serie de advertencias que han estado ocurriendo en un ámbito no judicial", sostuvo Lucrecia Miller, presidenta de la Fundación Papis (Plan de Ayuda para una Infancia Segura).
Para Miller, el nuevo procedimiento es un avance porque se comenzará a ver a los y las adolescentes como personas que están en una situación de vulnerabilidad y de riesgo.
Aunque, paralelamente, advirtió que hay una serie de situaciones previas que podrían ser registradas, y así ayudar a atacar las causas y no solo las consecuencias.
No solo problemas
"No se habla de registrar antecedentes prejudiciales. Es decir, han habido anticipos de la condición de la vulnerabilidad y de riesgos de ese chico que va a llegar a cometer un delito", afirmó Miller. La psicóloga, que cuenta con amplia experiencia en el ámbito penal y juvenil, hizo hincapié en que la situación de vulnerabilidad lleva a varios caminos, entre los que el delito es solo uno de ellos. "Otros se drogan, otros se suicidan", alertó.
En la misma línea, Mirta Lapad, asesora general de Incapaces del Ministerio Público Fiscal, indicó: "La mayoría de los casos en que se cometen hechos ilícitos están vinculados con las adicciones".
Miller apuntó a que se deben modificar los contextos, ya que muchos de los y las adolescentes judicializados provienen de ambientes violentos.
"Se deben anteponer acciones de contención efectiva en las órbitas prejudiciales. Sufren de violencia en las familias, en las casas, son chicos que están en riesgo. Si uno no trabaja y modifica su hábitat de vida, y los sustrae de esa situación violenta, entre tantas alternativas, va a llegar a la comisión de un delito", manifestó.
Poder registrar los datos previos a la situación delictiva, para la presidenta de la Fundación Papis, permitiría, además de modificar las situaciones que estaba viviendo el o la joven, llegar a un proceso con una mirada social más integral. "Esto no es para justificar el comportamiento, pero sí pueden hacerlo más comprensible a por qué llegó a cometer el delito", insistió Miller.
La profesional agregó que en este punto ya se encuentran trabajando con el Ministerio de Educación y Salud, para que "todas las situaciones de violencia, las intervenciones con un niño queden en un registro integrado que puedan servir de orientación para verificar que ese chico ha sido ayudado como corresponde, y que su situación ha cambiado".
El funcionamiento
Los registros que se tomarán dentro del nuevo régimen penal que fue aprobado primero por los senadores, serán "los antecedentes por delitos que se registren en sede policial, administrativa o judicial, pero también cualquier otro registro que existiese".
Consultada sobre si estos antecedentes quedarán en el registro personal de cada niño, niña y adolescente, hasta incluso luego de la mayoría de edad y ante qué situaciones se podrá pedir acceso a esos datos, Lapad reconoció que son datos "sensibles y reservados". Aunque agregó que "el fin que deberían tener los antecedentes son establecer qué medidas se van a implementar teniendo en cuenta las problemáticas del joven y su reincidencia. Si se va a aplicar la medida de oportunidad, o las alternativas de resolución de conflictos, o la sanción".
La asesora general pidió esperar la reglamentación de la ley para aclarar estos puntos.
Un proceso más justo
El régimen que se utilizaba para juzgar a niños, niñas y adolescentes era de 1982.
La asesora general de Incapaces llamó a un trabajo en conjunto de todos los sectores para que "los jóvenes puedan retomar su vida normal". Además, celebró el nuevo proceso y lo consideró fundamental, ya que, sostuvo, con el anterior, el o la joven en conflicto con la ley podía llegar a recibir penas incluso más graves que un adulto, por el mismo delito. "Hasta ahora en Salta se había modificado el proceso para las personas adultas. Eso tornó que las leyes procesales sean más gravosas para los menores. Era indispensable pasar a este tipo de proceso, para poder garantizar que se cumpla con las normas internacionales", aseguró Mirta Lapad.
Entre los otros beneficios que enumeró la funcionaria, está el de los pasos previos que evitarían llegar a una sanción. "Permiten que en el caso de que esté imputado un menor de edad, en el marco de la investigación, se pueda lograr algún acuerdo con la víctima del delito, se llaman criterios de oportunidad. Entonces ahora una causa se puede someter a mediación. Eso también expresamente está previsto dentro de esta nueva ley", explicó.
Por otro lado, Miller destacó la integración de nuevos actores dentro del proceso. "En esto se integra la Justicia con los jueces de menores, y el Ministerio público con los asesores de menores e incapaces. Ya no actúa por su lado solo el juez de Menores. La asesora de Menores va a estar presente en todo el procedimiento".
La nueva ley prevé que los juicios sean llevados a puertas cerradas, para preservar la intimidad jóvenes y su salud física y psíquica.
La Fundación Papis lleva hace tiempo una larga lucha para que se cumpla con la ley 26.061, que manda la creación del defensor del niño. Este nuevo proceso incluirá esa figura, pero advierten que no cumplirá con el rol por el cual se reclama. "Es un defensor oficial para el caso concreto de ese chico que delinquió. No es el defensor del niño por el que estamos luchando. El nuestro es un fiscalizador de todo el sistema, entre eso va a fiscalizar que este sistema funcione adecuadamente, porque tiene las atribuciones. No dependen de ningún poder del Estado", ex plicó Miller.