Once choferes que protagonizaron una violenta toma de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y tuvieron de rehén al secretario general del gremio hace dos años accedieron a la suspensión del juicio a prueba, o probation, a cambio de hacer una donación al hospital San Bernardo y pagar por los daños.
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Once choferes que protagonizaron una violenta toma de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y tuvieron de rehén al secretario general del gremio hace dos años accedieron a la suspensión del juicio a prueba, o probation, a cambio de hacer una donación al hospital San Bernardo y pagar por los daños.
El 12 de septiembre de 2016 a las 8 de la mañana, un grupo de 32 personas irrumpió en la sede de la UTA, en San Luis 555, por diferencias con los responsables con la conducción del gremio. Llevaban palos y combustibles, de acuerdo al relato de testigos.
Según consta en la investigación, mantuvieron secuestrado al secretario general del sindicato, Jorge Flores, y a otros dos miembros de la comisión directiva. Además, provocaron daños en las instalaciones y fueron acusados de robar dinero.
Planteaban que estaban en desacuerdo con la administración del gremio, la forma de negociación con las transportistas y el funcionamiento de la obra social.
El objetivo era provocar la renuncia de Jorge Flores y llegaron a amenazar, en diálogo con medios radiales, con iniciar un incendio si entraba la Policía.
Los choferes terminaron deponiendo su actitud y se entregaron unas 11 horas después, en medio de un fuerte operativo en el que intervinieron efectivos de Infantería y el Grupo Operaciones Policiales de Alto Riesgo (Gopar).
Todos los que participaron del conflicto quedaron detenidos, aunque la mayoría recuperó la libertad un día después.
Siete de los choferes permanecieron presos hasta fines de diciembre de 2016, cuando la Justicia los autorizó a esperar el juicio en libertad.
Condiciones
Sixto Domingo Tactagi, Carlos Martín Barrios, Ezequiel Maximiliano Malenque, Cristian Alberto Figueroa, Jorge Juan Banda, Daniel Omar Alberto Pereyra, Oscar Raúl Villa, Daniel Hipólito González, Oscar Orlando Camacho, Augusto Darío Cayo y Walter Ignacio Pérez fueron imputados por privación ilegítima de la libertad agravada, robo en poblado y en banda y daño simple.
Ayer se conoció que el juez Martín Fernando Pérez, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio, hizo lugar por el plazo de dos años a la suspensión de juicio a prueba solicitada por los once acusados.
A cambio de este beneficio, que implica que queden momentáneamente sin efecto las acusaciones en su contra, los imputados deberán comprometerse a "no cometer nuevo delito; no ejercer actos de violencia física, psíquica o psicológica en perjuicio de los damnificados; donar la suma de mil pesos al hospital San Bernardo en septiembre y presentar la constancia correspondiente ante la Secretaría de Derechos Humanos".
El juez Martín Fernando Pérez aceptó además que, para reparar los daños que causaron en el gremio, paguen la suma de cinco mil pesos en tres cuotas mensuales y consecutivas (una de mil pesos y dos de 2 mil pesos), mediante depósito judicial.