"Si se acaban los bagayeros, se acaban las ferias, los manteros y los mercados de pulgas", con esa frase contundente los feriantes describieron el problema que mantiene en vilo a las miles de familias que viven de la venta informal de productos que ingresan ilegalmente por la frontera norte a la provincia.
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"Si se acaban los bagayeros, se acaban las ferias, los manteros y los mercados de pulgas", con esa frase contundente los feriantes describieron el problema que mantiene en vilo a las miles de familias que viven de la venta informal de productos que ingresan ilegalmente por la frontera norte a la provincia.
Con el nuevo régimen de importación que implementó el Gobierno de la Nación para los que se dedican a pasar bultos de mercancías de Bolivia a Argentina, la entrada de ropa, juguetes, artículos electrónicos y alimentos de los que se nutren las ferias americanas, las saladitas y los manteros, se vio disminuida desde hace más de tres semanas.
Los vendedores informales dependen directamente de los bagayeros y el abastecimiento es casi nulo desde hace días.
Los feriantes de la zona sur de la ciudad comentaron a El Tribuno que por ahora "sobreviven" con la poca mercadería que les quedó almacenada, pero que si el problema subsiste se verán forzados a cerrar.
Pero esta situación puede ser un foco de conflicto en un futuro, ya que los feriantes aseguraron que si el desabastecimiento persiste, estarán obligados a ir a Orán y cortar las rutas para ser escuchados.
En la localidades de Orán y Aguas Blancas hay más de 4.000 bagayeros que se ganan la vida como pasadores de las mercaderías que ingresan desde la localidad boliviana de Bermejo.
Estos productos, que entran ilegalmente y se revenden en barrios, ferias y mercados de pulgas de medio país, van generando un circuito de trabajo precarizado.
Al número de bagayeros hay que sumarle, como mínimo, 2.000 personas más, tan solo en la ciudad de Salta, que se dedican a atender los puestos en las saladitas o son manteros.
Esta actividad ilegal, se naturalizó no solo para buena parte de la sociedad sino también para los responsables del control, que han venido dotado de "legalidad" a una actividad que está penalizada por el Código Aduanero.
"No obstante, cuando alguna persona se hallare presuntamente incursa en el delito de contrabando, su tentativa o encubrimiento deberá proceder a su detención con comunicación inmediata a la autoridad judicial competente, poniéndola a su disposición dentro de las 48 horas", expresa el artículo 127 de la ley 22.415.
Con los años, el contrabando de mercadería pasó de ser una actividad ilegal a "legal" por desidia de los gobiernos que no pudieron darle una solución al variado universo de cargadores, manteros o puesteros que incluye a niños, jóvenes sin estudios, desocupados y jefas de familias que pocas oportunidades de ocupación tienen más allá del comercio informal y el contrabando hormiga.
El conflicto con los bagayeros en el norte por ahora parece no tener solución. En las últimas semanas, pasadores cortaron la ruta 50, a la altura de Arroyo Zenta y la tensión no abandona la zona.
El Ministerio de Seguridad de la Nación eligió Orán como campo de prueba del nuevo régimen simplificado de importación que espera replicar en los próximos meses en los pasos fronterizos de Salvador Mazza (Salta), La Quiaca (Jujuy), Clorinda (Formosa), Posadas y Puerto Iguazú (Misiones).
"Aguas Blancas es el problema, por los otros pasos fronterizos no, pero está entrando ropa de a poco, no en grandes cantidades como antes. Por ahora estamos bien, podemos seguir trabajando con lo que tenemos pero se está entregando poca mercadería en las ferias", destacaron los feriantes.
Desde que se inició este conflicto, están viajando poco a la frontera. Antes iban como mínimo tres veces al mes, pero ahora tuvieron que bajar a una vez al mes porque "está complicada la frontera y no se puede traer ropa".
"Estamos viajando poco y está afectando nuestro trabajo. Nosotros mantenemos dignamente a nuestras familias con lo que ganamos acá. No tenemos planes ni ayuda. Si cierran definitivamente las ferias van a tener 2.000 personas en Casa de Gobierno pidiendo bolsones, planes o más comedores en los barrios. Con esta medida atacan al pobre y no a los empresarios, nosotros pagamos un monotributo, no es que somos ilegales", expresaron.