El presidente Alberto Fernández anunció ayer una serie de proyectos de reformas de la Justicia que incluyen cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y la aplicación del juicio por jurados. "El Poder Judicial de la Nación está en crisis", dijo en el Congreso en la apertura de las sesiones legislativas del año.
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El presidente Alberto Fernández anunció ayer una serie de proyectos de reformas de la Justicia que incluyen cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y la aplicación del juicio por jurados. "El Poder Judicial de la Nación está en crisis", dijo en el Congreso en la apertura de las sesiones legislativas del año.
Para enmarcar sus críticas, el jefe de Estado habló de "hechos llamativos que día a día asoman en el mundo judicial y que de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan". Y enumeró algunas sin nombrar a sus protagonistas: el procesamiento por espionaje y extorsión del fiscal federal Carlos Stornelli; la visita a la Casa Rosada del juez de Casación Federal Gustavo Hornos para reunirse con el entonces presidente Mauricio Macri pocos días antes que procesara a Cristina Kirchner; la aceptación de la Corte Suprema del per saltum de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi por sus traslados, a los que calificó de "dos jueces ignotos".
Una de esas iniciativas, adelantó, será la creación de un Tribunal Federal de Garantías que estará por debajo de la Corte Suprema "que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario". Y agregó: "De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado".
La decisión implica que el máximo tribunal solo intervendrá cuando se plantee la inconstitucionalidad de alguna norma y el nuevo tribunal en los restantes aspectos, entre ellos, las apelaciones por condenas penales. La creación de ese tribunal será consultada con los gobernadores del país.
Alberto Fernández le pidió además a la Cámara de Diputados que trate y apruebe dos proyectos de reforma judicial que cuentan con media sanción del Senado y que son resistidos por la oposición. Uno es la reforma al fuero federal en el que amplía la cantidad de juzgados de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción, con la unificación del fuero penal económico y una parte de la Justicia nacional de instrucción. Lo mismo planteó con la reforma al Ministerio Público Fiscal que aprobó el Senado y está en Diputados. Allí se busca ganar con una mayoría simple de votos la elección del procurador general y su destitución.
También anunció que enviará al Congreso proyectos para "establecer las exactas competencias" de la Corte Suprema, y para modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.