La tragedia de Corrientes lleva arrasadas casi un millón de hectáreas, con un daño económico que la Sociedad Rural local calcula en $70.000.000.000 y con un perjuicio ambiental aún incalculable; la fauna, la flora y el suelo tardarán muchas décadas en recuperarse.
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La tragedia de Corrientes lleva arrasadas casi un millón de hectáreas, con un daño económico que la Sociedad Rural local calcula en $70.000.000.000 y con un perjuicio ambiental aún incalculable; la fauna, la flora y el suelo tardarán muchas décadas en recuperarse.
El fuego demostró, además, que el país carece de funcionarios con responsabilidad ambiental y productiva que entiendan que un gobierno debe ocuparse de todos los ciudadanos y de todas las provincias por igual, sin discriminar a unos y privilegiar a otros por razones políticas.
El mismo presidente Alberto Fernández recién sobrevoló la provincia el viernes, dos meses después de iniciados los incendios.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, no asumió la gravedad de la catástrofe, prefirió polemizar antes que cumplir con sus obligaciones con Corrientes y, en una lamentable reunión con los senadores se desligó de la responsabilidad y se esforzó en presentar a las víctimas, los correntinos, como culpables del fuego.
La solidaridad de muchas provincias, entre ellas Salta, con el pueblo correntino, sin invocar banderías, contrastó con la actitud del Gobierno nacional.
El desastre desnudó la insuficiencia de aviones hidrantes, de equipamiento específico y de personal técnico capacitado. Controlar incendios forestales, se estima, requiere el triple de los brigadistas de diversas dependencias que actualmente se movilizan en el país. Pero, además, esos agentes requieren entrenamiento específico, posibilidad de desplazamiento rápido y equipamiento con tecnología del Siglo XXI. En Corrientes y en muchas provincias, los bomberos debieron recurrir a baldes de agua.
La tragedia marcó el fracaso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Es perentoria la participación de las provincias para que exista un programa federal real y operativo de prevención y control del fuego. El programa actual incluye nominalmente a los gobiernos provinciales y a Parques Nacionales, pero sigue atado al capricho político del poder central y por eso no responde a las necesidades productivas, turísticas y ambientales, y a la seguridad de las personas. Y es urgente, porque el riesgo ígneo es altísimo.
El caso de Corrientes es extremo, por la masa boscosa, las áreas protegidas y los predios productivos que resultaron destruidos. Pero el fuego también hizo desastres este verano en las provincias patagónicas y en diversos puntos del NOA y el NEA. Sin prevención, la tragedia se puede repetir en cualquier momento y en cualquier provincia. Estas deben tomar el toro por las astas y trabajar en la construcción de un nuevo federalismo regionalizado. El protagonismo regional debe fortalecerse en todas las áreas de gobierno, pero los incendios forestales van a repetirse en cualquier momento.
El gobierno de Corrientes había pedido asistencia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a principios de 2021, porque la sequía hacía prever este desenlace. En 2020, según el INTA, Corrientes había recibido 470 milímetros de lluvias menos que el promedio histórico, de 1.376 mm. Se estima que, en 26 meses, la pérdida total ya es de más de 1.000 mm. La sequía prolongada, lo sabe la gente de campo y lo ignora el habitante de la gran ciudad, tiene efecto acumulativo.
La politización de esta crisis climática muestra la falta de capacidad de respuesta del Estado centralista. No perciben lo que significa, realmente, el cuidado de los bosques, los ríos y las praderas, y ni la importancia del desarrollo agroganadero y forestal.
La política ambiental es imprescindible y estratégica para garantizar la vida silvestre y optimizar los sistemas de producción, que siguen y seguirán siendo vitales para el país. Es necesario entender que, sin observar los acuerdos internacionales a los que el país suscribe, habrá múltiples dificultades para colocar el producto en los mercados del exterior.
Todo esto, que forma parte del bien común y de los derechos de la sociedad, no puede estar en manos de aficionados, sino de profesionales con clara conciencia de lo que significa el desarrollo humano, algo en lo que los argentinos, tal vez sin darnos cuenta, estamos retrocediendo.