El estado permanente de protesta que se vive en las calles y rutas del país es el síntoma del fracaso de la economía nacional en cuanto a la generación de empleo. Un país que parece haber estacionado la pobreza en un 40% es un país alterado. Frente a esta realidad, queda a la vista la fragilidad de las instituciones, que no alcanzan a generar seguridad jurídica y certeza de continuidad por parte del Estado. De ese modo, es imposible ejecutar políticas de desarrollo humano. La dirigencia política, con sus actitudes y decisiones demuestra que el problema le resulta ajeno o que la desborda
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El estado permanente de protesta que se vive en las calles y rutas del país es el síntoma del fracaso de la economía nacional en cuanto a la generación de empleo. Un país que parece haber estacionado la pobreza en un 40% es un país alterado. Frente a esta realidad, queda a la vista la fragilidad de las instituciones, que no alcanzan a generar seguridad jurídica y certeza de continuidad por parte del Estado. De ese modo, es imposible ejecutar políticas de desarrollo humano. La dirigencia política, con sus actitudes y decisiones demuestra que el problema le resulta ajeno o que la desborda
Con una concepción fragmentaria de gobierno donde cada área es una parcela en la que el funcionario trata de sobrevivir -así funciona la generalidad de los gabinetes- solo puede esperarse el agravamiento de los males. No hay trabajo porque no hay inversión, no hay acceso a un crédito a tasas previsibles, no hay moneda y, en cambio, prevalecen discursos demagógicos que denigran y descalifican al empresario y a la profesionalidad laboral.
Según la Universidad Católica Argentina, hay unos 22 millones de personas que reciben un programa alimentario, además de la asignación universal por hijo. En los últimos 10 años se duplicó el número de hogares que reciben ayuda alimentaria; desde el 24,4% en 2010 al 48%, en la actualidad.
En la última semana, decenas de miles de personas acamparon en las calles principales de la Capital Federal, convocadas por los partidos de izquierda y las agrupaciones piqueteras. El escenario se repite en todo el país. En muchas localidades del interior, son marchas espontáneas. La ciudadanía es la que paga el precio del caos, y los manifestantes logran poco o nada.
Pero las marchas tienen efectos políticos y, en estos días, hicieron aflorar la lucha interna en el seno del oficialismo. Parecieron destinadas a condicionar la gestión de Alberto Fernández.
Las llamadas organizaciones sociales conforman una madeja enorme y compleja, que va adquiriendo poder propio con una dirigencia de dudosa representatividad. El deterioro de la calidad laboral afecta a más de la mitad de la población económicamente activa, con un nivel de deserción de la enseñanza media que oscila en el 50%. No es extraño, entonces que se resquebraje la credibilidad de las ideologías, los partidos y el Gobierno.
En esta coyuntura, el Estado afronta la crisis social con ingentes recursos que son administrados en gran parte por una dirigencia que no garantiza rendición de cuentas y que utiliza esos fondos para construir su propio poder político.
Es el espacio de los Trabajadores de la Economía Popular, donde se destacan las figuras de Juan Grabois, Daniel Menéndez, Juan Carlos Alderete y Emilio Pérsico.
La presencia caótica de estas organizaciones, al cortar las calles, infringe las leyes y vulnera derechos del resto de los ciudadanos. Los manifestantes, a su vez, son personas que, de hecho, han quedado fuera del trabajo y de la educación, es decir, del sistema, que no cumple con su deber de crear las condiciones para que esos derechos se materialicen.
Es el fruto de casi cinco décadas de decadencia nacional. La respuesta política que proponen estas organizaciones, con el apoyo de la CGT, es la de “repoblación del territorio y afianzamiento de la economía popular”. La estrategia de ocupar violentamente predios privados, acciones en las que suele involucrarse especialmente Grabois, hace sospechar que imaginan una reforma agraria como las que se intentaron sin suerte, en otros países, hace un siglo.
Una sociedad que se empobrece, como ocurre con la argentina, marcha hacia la tentación anarquista. Un intento de esa naturaleza solo generaría más pobreza y más dependencia del Estado.
Cambiar el rumbo del país es perentorio, especialmente para mejorar la calidad de vida de los hogares. Los fundamentalismos de izquierda y derecha solo han enriquecido a unos pocos. De la dirigencia actual (concretamente, el oficialismo y la oposición que confían en el sentido común) depende unir fuerzas para salir de la decadencia.