Al menos 50 familias se instalaron de manera ilegal el martes a la noche en un terreno en barrio Solidaridad, al sudeste capitalino. Tras una situación que se tornó confusa porque se mezcló un reclamo habitacional con cuestionamientos por falta de seguridad en el predio, la Policía despejó el lugar con una orden de la Justicia. Así se evitó que prolifere la toma.
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Al menos 50 familias se instalaron de manera ilegal el martes a la noche en un terreno en barrio Solidaridad, al sudeste capitalino. Tras una situación que se tornó confusa porque se mezcló un reclamo habitacional con cuestionamientos por falta de seguridad en el predio, la Policía despejó el lugar con una orden de la Justicia. Así se evitó que prolifere la toma.
El baldío donde trataron de asentarse conforma un triángulo entre los barrios Solidaridad, Sanidad y Primera Junta. Las familias denunciaron que en el lugar hubo reiterados hechos de inseguridad, que ahí se encontraron dos cuerpos y, a la vez, anunciaron su intención de tomar el predio ayer a la mañana. De acuerdo con un registro que manejaban ayer quienes querían ocupar el terreno, son unas 300 familias de distintos puntos de la ciudad las que querían un lote, aunque eran unas 50 las que permanecían ahí ayer a la mañana.
Cerca del mediodía llegó personal del Poder Judicial que les informó sobre una orden judicial que los intimaba a retirarse de manera inmediata.
Tras cruces verbales con la Policía y ante la presencia de numerosos efectivos de Infantería, las familias abandonaron el terreno sin oponer mayor resistencia, pero manifestaron su malestar ante los medios de comunicación que habían llegado a la zona.
Luego de despejar la tierra en conflicto se quedaron en el barrio y quemaron gomas para hacer escuchar sus reclamos. "No nos vamos nada, tenemos una familia", dijo una mujer. "Esto es tierra de nadie. Todas las cosas que pasan acá son culpa del dueño", agregó otra. "Esto no era una usurpación, era una reunión", opinó una tercera. Un hombre mayor pidió: "Que nos devuelvan lo que roban acá". "Un alquiler cuesta $20 mil y no nos quieren alquilar porque tenemos chicos", sumó una joven.
Varias mujeres agregaron que no quieren que les den un terreno gratis, sino que quieren pagarlo en cuotas. Destacaron que el descampado está deshabitado "hace más de 20 años".
Según las familias, en los últimos años en ese lugar ocurrieron graves hechos de inseguridad e incluso encontraron cuerpos.
"Nos apoyan hasta los mismo vecinos. Acá pasaron cosas muy feas, usan el lugar para consumir drogas, apareció una joven quemada y el cuerpo de un anciano. Entonces decidimos tomar el terreno. Sabemos que está mal, que es un delito, pero así vamos a evitar más delitos", aseguró Claudia Romina, quien es madre de dos hijos y vive en la actualidad en la casa de su suegra.
Las familias insistieron en que el predio se encuentra en estado de abandono y que lo ocuparon porque no tienen dónde vivir. "Acá se juntan los piperos que roban de todo para poder conseguir sus drogas. Es por eso que, si nosotros urbanizamos este territorio, se acabarán los hechos de robos y muertes por la zona", dijo uno de los hombres que participó del intento de toma.
La jueza de Garantías Ada Zunino dio la orden de que se desocupara el predio, que llegó al lugar después de las 11. Una secretaria del juzgado se acercó a Solidaridad para leerles a las familias la resolución que las intimaba a "retirarse bajo apercibimiento de ley".
En la provincia de Salta quienes usurpan un terreno quedan excluidos de la posibilidad de anotarse para recibir del Estado un lote o una vivienda social.
Quejas y denuncias por la inseguridad en el lugar
Hace una semana encontraron en el terreno que ayer trataron de tomar unas 50 familias, al sudeste de la ciudad, el cuerpo de Ricardo Maigua. El hombre, de 82 años, había desaparecido de su hogar el ocho de julio, tenía varios problemas de salud y era oriundo de Hipólito Yrigoyen.
Las cámaras de seguridad lo habían registrado días antes en inmediaciones del barrio Sanidad.
El hallazgo del cuerpo se produjo en rastrillajes realizados entre Solidaridad y Sanidad y hasta ahora no se confirmaron formalmente las causas del deceso.
En noviembre de 2020 apareció en el mismo lugar el cuerpo calcinado de Celeste Lois, de 19 años.
La joven había desaparecido de su casa el 11 de noviembre de ese año y días después se encontraron sus restos. El caso generó muchos interrogantes y sigue abierto.
Varias mujeres de las que ayer trataron de tomar el terreno argumentaron que lo hacían porque en el lugar “hay mucha inseguridad” y denunciaron que, además del hallazgo de los cuerpos, en la zona hubo robos y abusos durante los últimos años.
Opinaron que lotear el lugar y que se los entreguen para habitarlo era la forma de garantizar que no haya más delitos en el predio.
A la vez, exigieron que “la dueña” del terreno se presente para limpiarlo, iluminarlo y ponerlo en condiciones. “Que el Gobierno garantice que acá no va a pasar nada más”, reclamaron.
Niños y niñas
La jueza de Garantías Ada Zunino dio la orden de que se retiraran del predio ayer antes del mediodía. “Digale a la doctora que no tenemos dónde vivir”, le dijo una mujer a la secretaria del juzgado que llegó a Solidaridad para leer la decisión de la jueza.
La funcionaria del juzgado de Ada Zunino les comunicó a las familias que el terreno es propiedad de “un hombre de apellido Ovejero” y que fue él quien presentó una denuncia ante Fiscalía penal 6 por el intento de usurpación. También se informó que había una orden para cercar y limpiar el predio, lo que haría que sea más seguro.
Además, la funcionaria acotó que se notificó a la Asesoría de Menores e Incapaces del Ministerio Público Pupilar para que se resguarde la integridad de los niños y niñas que estuvieron en el acampe. Se responsabilizó a los padres por lo que pudiera pasarles.
Muchos chicos estuvieron en el lugar cuando se produjeron tensos cruces con la Policía y luego cuando se quemaron gomas para protestar.