La primera semana de Javier Milei como presidente electo permitió vislumbrar un nuevo perfil. Ya no es el candidato explosivo y se mostró enfrascado en el problema que suele ser el más atrapante de los temas y debates públicos sobre la crisis argentina: la deuda pública del Estado, el déficit fiscal y el "ajuste".
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La primera semana de Javier Milei como presidente electo permitió vislumbrar un nuevo perfil. Ya no es el candidato explosivo y se mostró enfrascado en el problema que suele ser el más atrapante de los temas y debates públicos sobre la crisis argentina: la deuda pública del Estado, el déficit fiscal y el "ajuste".
Es decir, la cuestión del financiamiento en el centro de la agenda. Es un paso importante, ya que el propio Milei apela a su condición de economista para tratar de salir de una ciénaga en la que la Argentina se viene sumergiendo desde hace dos décadas, con políticas estatistas que solo contaban con el recurso de esperar una buena cosecha.
El legado
En este punto vale recordar la crisis energética generada por la solidaridad bolivariana del kirchnerismo, que convirtió al país de exportador de energía en importador de gas licuado, que estatizó el sistema previsional, sin beneficio de inventario para los jubilados, y que manipuló la propiedad de YPF pagando el doble de su valor por la mitad de las acciones a Repsol y ahora deberá pagar una deuda de 16 mil millones de dólares por la impericia (o la mala fe) de una estatización que fue proclamada como soberanía energética.
"La democracia exige que el Gobierno comprenda que el país está en crisis, pero no es una empresa".
En julio, el monto total de la deuda pública equivalía -incluidos el agregado de Leliq y pases del BCRA - a US$ 446.880 millones, más de 10 veces el saldo con el FMI. Sin contabilizar las de provincias, municipios y empresas del Estado.
El balance que dejan los cuatro años de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es mucho más crudo si se observa la pobreza que produjo un gobierno que empezó con "la Mesa del Hambre" para culpar al macrismo, y rápidamente olvidó la mesa y no solucionó, sino que agravó el hambre. La culpa: "la pandemia, la sequía, los especuladores, el FMI y… Macri".
El Banco Central
Es decir, Milei enfrenta un problema complejo y por ahora aparece enfrascado en uno: las Leliqs. Un régimen de financiamiento en base a emisión y absorción de circulante.
"El Banco Central, con las Leliq (Letras de liquidación) tiene un endeudamiento por $16,5 billones, a tasas nominales del 97%, que equivalen, por acumulación de intereses sobre intereses, a tasas efectivas de 154%. Al 30 de junio, ese stock de Leliq equivalía a US$64.200 millones", explicaba en julio pasado en una entrevista con El Tribuno Héctor Giuliano, licenciado en Administración y Finanzas y experto en Deuda Pública y Externa. "La deuda del Tesoro, más la del Banco Central, más fondos fiduciarios, deudas de provincias, municipios, juicios perdidos con sentencia en firme, cuyo total el gobierno mantiene en secreto, se estima en cerca de 540 mil millones de dólares".
Aunque el Gabinete no está oficializado, esa tarea quedó a cargo de Luis Caputo, un experto en mercados y que fue secretario de Finanzas de Mauricio Macri.
"La coyuntura exige sabiduría y prudencia de parte del oficialismo y de la oposición".
Emilio Ocampo, el referente de Milei para impulsar la dolarización y clausurar el Banco Central, por ahora, se eclipsa.
El economista del PRO, Hernán Lacunza, sentenció: "La dolarización era una fantasía. Bienvenido el pragmatismo. Fiscal, monetario, financiero, cambiario. En ese orden, no al revés. Por favor".
Hasta ahora, en estos temas, el presidente electo parece demostrar el "teorema de Baglini" (ya más famoso en la Argentina que el de Pitágoras); según el ex diputado mendocino, la radicalización de las ideas amaina cuando el candidato se aproxima al poder. Evidentemente, hay moderadores que le hacen ver a Milei que cualquier bomba que se ponga tendrá efectos multiplicadores sin control.
Más allá de la influencia de Mauricio Macri sobre el gobierno en gestación, se destaca el rol de la economista Diana Mondino, que ha impregnado de racionalidad los pronunciamientos del gobierno en ciernes, y que ya dio pasos en materia de política exterior entre los que se destaca el estilo para restañar heridas con China y, en particular, con Lula. Ya está actuando como ministra de Relaciones Exteriores.
Las brasas ardientes
Pero la moderación deberá centrarse también en las brasas ardientes de la sociedad: Las dudas sobre la liquidación de aguinaldos, la indiferencia frente a los endeudados en créditos inmobiliarios o el anuncio de la paralización de la obra pública pueden ser válidas para un CEO, pero no para un presidente.
Es cierto que son problemas heredados, porque el déficit acumulado no cayó del cielo. Durante una década, la CGT y las organizaciones sociales aplaudieron que el gasto público pasara del 24% del PBI a más del 40%, que el Estado se convirtiera en caja de empleo, y que jubilaciones y salarios se diluyeran por la inflación, para pagar el déficit.
"No hay plata" puede ser la respuesta a un acreedor. Los trabajadores, aunque hayan sido nombrados por el Estado para compensar el fracaso económico de sus propios gobiernos, no son acreedores, sino personas que tienen derecho a aspirar a una realidad superadora.
Las organizaciones sociales que pretenden representar a los desocupados son entidades políticas en las que se tercerizó la administración de los fondos de desempleo. Al igual que el entramado del clientelismo que se detectó con la detención de "Chocolate" Rigau en La Plata, pero que se reproduce en todo el país, son distorsiones que deben resolver la política y la Justicia. Pensar que la represión policial va a resolver esto es como esconder una bomba debajo de la cama.
Porque los desocupados y los pobres están, y son víctimas de estos sistemas. Y estos sistemas hay que desarticularlos, pero con redes de contención.
Los sindicatos, los partidos de izquierda y las corrientes radicalizadas del peronismo deberían comenzar por la autocrítica antes de ganar las calles apenas asuma el nuevo gobierno. Ellos contribuyeron a engendrarlo.
La democracia es clara: el gobierno elegido por la mayoría debe ser respetado. Tiene legitimidad y autoridad. Pero ese mismo gobierno tiene obligaciones que también le impone la democracia, y que consisten en respetar los derechos adquiridos, la pluralidad y construir acuerdos y, si se puede, consensos.
Es compleja la etapa que nos espera. La magnitud de la crisis no deja lugar para mirar para atrás ni para volver a embaucarnos con ideologismos arcaicos, de ningún signo.