El país vive tiempos de cambio, por ahora envueltos en la incertidumbre. La sociedad eligió al nuevo presidente Javier Milei por cifras categóricas e inapelables. El modelo elegido, entonces, es el de un saneamiento profundo de la administración del Estado y una recuperación urgente del empleo genuino.
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El país vive tiempos de cambio, por ahora envueltos en la incertidumbre. La sociedad eligió al nuevo presidente Javier Milei por cifras categóricas e inapelables. El modelo elegido, entonces, es el de un saneamiento profundo de la administración del Estado y una recuperación urgente del empleo genuino.
La herencia que deja el ciclo de 20 años iniciado tras la crisis de la convertibilidad es realmente compleja. Un país con 46 millones de habitantes de los cuales, más de 19 millones son pobres y casi 4 millones y medio, indigentes.
La inflación arrasadora no es más que un síntoma de la caída de la actividad productiva, el empleo y del manejo distorsivo de las políticas tributaria y cambiarias. No habrá soluciones mágicas, inmediatas y, mucho menos, violentas.
Milei, un emergente en la política surgido al margen de los degradados partidos tradicionales, es la expresión clara de que la mayoría de los argentinos considera que esto "no va más".
El futuro presidente ya advirtió que frenar la inflación demandará no menos de dos años, y que reubicar al país en la senda del crecimiento, más tiempo aún.
Sin embargo, otro emergente de la crisis, el activista del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, ya manifestó su deseo de que Milei fracase y anunció una movilización masiva de organizaciones piqueteras, incluidas las que se crearon dentro del actual oficialismo. Sería un acto de "resistencia" a realizarse en fechas claves, el 19 y 20 de diciembre, días que ellos consideran históricos por haber logrado la renuncia del presidente constitucional Fernando de la Rúa, en 2001.
La realidad es que, a pesar de la gran cantidad de pobres e indigentes que hay en el país, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, en el que se encuadra Belliboni, obtuvo en las elecciones generales el sexto lugar, detrás de las cuatro fórmulas que competían y de los votos en blanco o nulos. A su vez, el piquetero kirchnerista Juan Grabois ni siquiera logró superar las PASO.
En agosto, el Estado pagó $4.200 millones diarios por planes sociales; una proyección mensual de $126 mil millones. A su vez, delegó en las organizaciones piqueteras la administración de US$ 100 millones en 2022, distribuidos entre dirigentes como Juan Grabois, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, Esteban Castro y Belliboni.
La única función visible de estas organizaciones es la realización cotidiana de cortes de calles y rutas, con grupos reducidos de supuestos beneficiarios. Se trata de una actividad de naturaleza política, sin control de parte del Estado, que ya ha sido motivo de denuncias por graves irregularidades. Asimismo, en nada contribuye a la mejora de las condiciones laborales ni sociales mientras alteran la vida de las personas que deben cumplir con sus actividades, en su mayoría tan pobres como los manifestantes.
Es una nueva realidad que debe asumir el gobierno. El empobrecimiento progresivo y la pérdida de expectativas alimentan este estado permanente de protesta, a través de agrupaciones que no buscan soluciones genuinas y usan el control de calles y rutas como botín político.
El presidente electo y la futura ministra Patricia Bullrich ya anticiparon el propósito de terminar con estas prácticas que, además, contravienen el derecho constitucional a la libertad de tránsito.
No será fácil, pero es imprescindible. Sin dudas, hará falta un reordenamiento profundo de todo el sistema asistencial, concebido para garantizar, al menos, la cobertura de la canasta familiar para todos los hogares.
Eliminar por completo la tercerización de ese servicio desarticulará un núcleo de corrupción y de poder extorsivo. Hoy, como nunca, es imprescindible poner en marcha un proyecto de desarrollo humano que comience a cerrar la más grave de las grietas, la de la exclusión y la miseria.