En un fallo trascendental emitido el pasado lunes 27 de noviembre, el Tribunal Oral Federal N°1, encabezado por Federico Santiago Díaz y conformado por Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, determinó el decomiso del 95% de la finca El Pajeal, ubicada estratégicamente en Salvador Mazza, en la frontera norte con Bolivia. Esta decisión, a favor del Estado Nacional, es el resultado de un proceso judicial que involucra al clan Castedo y su vinculación con actividades ilícitas, específicamente narcotráfico y lavado de activos.
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En un fallo trascendental emitido el pasado lunes 27 de noviembre, el Tribunal Oral Federal N°1, encabezado por Federico Santiago Díaz y conformado por Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, determinó el decomiso del 95% de la finca El Pajeal, ubicada estratégicamente en Salvador Mazza, en la frontera norte con Bolivia. Esta decisión, a favor del Estado Nacional, es el resultado de un proceso judicial que involucra al clan Castedo y su vinculación con actividades ilícitas, específicamente narcotráfico y lavado de activos.
Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA
La resolución, basada en un extenso fallo, atiende a una solicitud presentada por la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, representada por el fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, junto a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, liderada por María del Carmen Chena.
Juicio contra Delfín Castedo
Este proceso judicial se enmarca en el juicio contra Delfín Castedo, considerado líder de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, quien fue condenado el 7 de diciembre de 2022 a 16 años de prisión. Durante más de un año, el tribunal evaluó el caso que también implicó a otros miembros de la organización, como el hermano del líder, Raúl, el martillero público Eduardo Torino, y los comerciantes Alberto y Luis Yudi, entre otros.
Decomiso realizado por la Fiscalía
Al dictar la sentencia, el tribunal decidió diferir el pedido de decomiso realizado por la fiscalía respecto a la finca El Pajeal, aunque sí hizo lugar al decomiso -a favor del Estado Nacional- de la finca “El Aybal”, de 19.954 hectáreas, que limita con la frontera del Estado Plurinacional de Bolivia.
La espera, según los fundamentos de la sentencia, tuvo como motivo el análisis y resolución de una serie de planteos realizados respecto a la titularidad de la finca El Pajeal, principalmente de hijos del exdiputado provincial Ernesto Aparicio, quien había heredado la propiedad de sus padres Tobías Aparicio y Teresa Sarmiento junto a otros tres hermanos, a quienes luego les compró su parte de la propiedad.
El exlegislador fue el socio principal de Delfín Castedo en varias actividades del narcotráfico, relación que duró hasta el 10 de noviembre de 2013, cuando murió Aparicio y el jefe de la organización tomó el dominio de la finca, cuya ubicación es estratégica para la provisión de cocaína, pues la parte posterior de la propiedad, con una extensión de 7 kilómetros, colinda con Bolivia.
Plan estratégico del Clan Castedo
En su plan estratégico, el clan Castedo (como lo mencionan los jueces en su fallo) adquirió luego la finca vecina El Aybal, con una extensión de más de 19 mil hectáreas. Ambas propiedades -como dato comparativo- suman una superficie de más de 236 kilómetros cuadrados, mientras que -por ejemplo- la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 203.
La investigación que permitió desarticular el manejo monopólico del narcotráfico por parte de los Castedo fue iniciada tras la captura de Delfín, el 22 de julio de 2016. Las actuaciones fueron iniciadas por los fiscales Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR y Eduardo Villalba, a cargo de la unidad del NOA de esa oficina especializada.
Luego, con la incorporación al caso de la DGRADB, las diligencias se dirigieron en busca de extraer del dominio de los acusados las dos fincas, para lo cual se realizaron inicialmente planteos de medidas cautelares.
- Las fincas decomisadas El Pajeal y El Aybal, lindantes con Bolivia, suman una superficie de más de 236 kilómetros cuadrados, mientras que -por ejemplo- la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 203.
- El tribunal destacó el movimiento de lavado de activos alrededor de la finca, pues el inmueble pasó de una producción de 400 cabezas de ganado a más de 1700, además de la compra de gran cantidad de maquinarias.
Finca El Pajeal
Sobre el pedido de la fiscalía respecto a la finca El Pajeal, el tribunal marcó que el requerimiento se hizo “en los términos del artículo 23 del Código Penal”, ya que el inmueble “fue utilizado como instrumento para cometer los delitos por los cuales fueron condenados los hermanos Castedo y otros integrantes de ese clan.
En los considerandos, los jueces hicieron un profundo análisis de la figura legal, su definición, las consecuencias jurídicas como pena accesoria y sobre cómo el concepto del decomiso “fue cambiando a lo largo del tiempo y fueron ampliándose sus horizontes, en consonancia con el crecimiento de la delincuencia organizada y el nivel de escalada de las organizaciones criminales cuyos hechos delictivos y efectos, rebasaron al mismo tiempo, los límites territoriales de los países”.
Ganancias del narcotráfico
Asimismo, destacaron las incontables ganancias del narcotráfico y el lavado de activos, entre otros delitos, lo que “demandó de los gobiernos nacionales aunar esfuerzos para lograr una efectiva persecución judicial; como así también, para conseguir neutralizar los efectos nocivos del accionar criminal”, a partir de la suscripción de compromisos a través de tratados internacionales. En coincidencia con una amplia jurisprudencia, definieron al decomiso como una acción preventiva y disuasiva dirigida a impedir que el autor del ilícito pueda seguir “disfrutando de lo que por él obtuvo, ya que carecería de sentido imponer la pena y permitir que el delito siga produciendo sus efectos”.
ara los jueces, “el clan Castedo, pese a la detención de su líder (en julio de 2016), siguió operando bajo las estrictas instrucciones de Delfín Castedo”, lo que surge de las evidencias presentadas por la fiscalía en el juicio, entre ellas conversaciones telefónicas captadas en el marco de la investigación.
“Castedo pudo seguir operando desde la cárcel merced a su propio financiamiento económico, pero sobre todo gracias a su posición en El Pajeal, que nunca abandonó. Es decir, quedó puesto en evidencia en forma contundente que Delfín Castedo continuó ejerciendo su absoluto señorío sobre esas tierras pese a los pedidos de captura en su contra desde fines del año 2006 –tras el homicidio de Liliana Ledesma en septiembre de 2006- y durante su detención”, sostuvieron.