"El sistema de Boleta Unica Electrónica (BUE) no garantiza la integridad, el secreto del voto, la auditabilidad ni la transparencia del proceso", afirmó la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, en diálogo con El Tribuno, al resumir la base de la acción que interpuso la entidad civil, el pasado 30 de junio, para impedir que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) utilice el voto electrónico en los comicios desdoblados y concurrentes que tendría el distrito porteño el próximo 13 de agosto.
inicia sesión o regístrate.
"El sistema de Boleta Unica Electrónica (BUE) no garantiza la integridad, el secreto del voto, la auditabilidad ni la transparencia del proceso", afirmó la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, en diálogo con El Tribuno, al resumir la base de la acción que interpuso la entidad civil, el pasado 30 de junio, para impedir que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) utilice el voto electrónico en los comicios desdoblados y concurrentes que tendría el distrito porteño el próximo 13 de agosto.
Busaniche, académica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) especializada en derechos humanos en entornos mediados por tecnologías digitales, aclaró que casi un mes después de aquella presentación y a tres semanas de las primarias nacionales el Tribunal Electoral de Buenos Aires sigue sin pronunciarse. "Hemos presentado una acción de amparo para que se resuelva la cuestión de fondo sobre la tecnología utilizada en el proceso electoral, y hemos solicitado también una medida cautelar de urgencia para que se suspenda provisoriamente, ante la inminencia del potencial daño, el uso de las máquinas de votación", precisó la magíster en propiedad intelectual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) que es coautora y editora de diversas publicaciones sobre sistemas de votación electrónica, seguridad de la información, inteligencia artificial, protección de datos personales y derechos fundamentales expuestos en el entorno digital.
"Ya pasó casi un mes desde nuestra presentación y no hemos tenido ninguna novedad de la Justicia. La acción fue a manos de la Fiscalía y volvió al Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sigue sin resolverla. A esta altura, con los plazos absolutamente vencidos, no tenemos una expectativa positiva y sabemos que es muy difícil que nuestra cautelar pueda llegar a avanzar", sostuvo Busaniche.
Esa conclusión no solo se apoya en la indiferencia que mostró el Tribunal Electoral de la Ciudad a lo largo de casi un mes. La acción, en última instancia, podría llegar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA, cuyo presidente, Luis Lozano, hizo una abierta defensa al uso de la Boleta Unica Electrónica (BUE) en una de las audiencias que se realizaron en el Congreso, en agosto de 2016, en el marco del debate de la reforma electoral que impulsó el gobierno de Mauricio Macri ese año.
"Muchas veces se plantea que el sistema de Boleta Unica Electrónica es distinto a otras modalidades de voto electrónico que son fuertemente cuestionados en todo el mundo, pero le caben las mismas críticas, porque su nombre no supone un cambio sustancial, sino solo de tipo marcario, para el marketing y la publicidad. De hecho en la patente que obtuvo la empresa Magic Software Argentina (MSA) sobre el sistema se habla de dispositivos y un método para voto electrónico", aclaró la titular de la Fundación Vía Libre.
Busaniche subrayó que los distintos sistemas solo difieren en que la información electrónica, en vez de almacenarse en las máquinas, se almacena en los chips de las boletas. "Es inexplicable que gobiernos de distintos distritos insistan en usar estos sistemas de los que se viene hablando desde hace muchos años. La experiencia internacional que desaconseja su uso es vasta y diversa. La empresa contratada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la misma que interviene desde hace muchos años en las elecciones de Salta. Su sistema se usó este año en Neuquén y también en Paraguay. Se conocen sus vulnerabilidades, se sabe que fueron atacados, y sin embargo se insiste con ellos", enfatizó. En esos términos, Busaniche hizo notar que ya en 2015 fue la propia firma MSA la que denunció que sus servidores habían sido vulnerados, en momentos en que especialistas en seguridad informática advertían sobre una serie de grietas en sus dispositivos (hardware) y programación (software). También aludió a las elecciones de Neuquén, del pasado mes de abril, en las que la Universidad del Comahue relevó una larga lista de irregularidades, incluida la falta de una auditoría real al sistema de voto electrónico y el hecho de que la empresa MSA solo mostrara a veedores electorales una proyección del código fuente.
La cofundadora del capítulo argentino de la Fundación Wikimedia aseguró que "es bastante difícil tejer una hipótesis" sobre las razones por las que se insiste en uso de sistemas de voto electrónico, pese a que la boleta única de papel se considera una opción al tradicional voto de papel mucho más confiable y menos onerosa. Sobre las posibles respuestas, mencionó que algunas "probablemente tengan que ver con cuestiones que son epocales. Una sería disfrazar la gestión de eficiencia, de modernidad, de transformación digital, porque hay una idea subyacente de que todo lo tecnológico es superador, moderno, futuro, y eso va muy en línea con lo que vende muchas veces como promesa política. Esa sería una explicación que no supone mañanas, sino algún tipo de marketing estratégico. También podemos elucubrar hipótesis que suponen algún tipo de beneficio económico o aporte de campaña, pero a estas preferiría mantenerlas en potencial, porque no se puede acusar a alguien de algo cuando no se tienen evidencias suficientes", acotó la presidenta de la Fundación Vía Libre.
En un trabajo que Busaniche publicó junto a Federico Heinz, un programador argentino radicado en Londres, ambos remarcaron que "un país comprometido con los derechos políticos y la prevención del fraude debe contar con un sistema que garantice un alto nivel de seguridad de la integridad y del secreto del voto".
Ese trabajo, al que puede accederse en el sitio de la Fundación Vía Libre, expone las objeciones de fondo planteadas contra el uso del sistema de voto electrónico de la firma MSA, el que para las elecciones desdobladas y concurrentes de la CABA del próximo 13 de agosto se contrató por cerca de 29 millones de dólares.
Mayores riesgos
Beatriz Busaniche y otros especialistas afirman que, en comparación con los posibles errores y acciones fraudulentas que afectan al voto tradicional, "los riesgos del voto electrónico son mayores". Sostienen que, a diferencia de sistemas electorales de tradición democrática profunda, que cuentan con varias etapas en las que los ciudadanos pueden comprobar e impugnar errores, "en un sistema de voto electrónico los errores y fraudes pueden pasar inadvertidos muy fácilmente, dado que reconocerlos requiere altos niveles de experticia técnica. Lo que sucede en un sistema informático no es inmediatamente accesible a la comprensión humana", plantean en relación con las diferentes modalidades de voto electrónico.
Grandes cuestionamientos
En el libro "Voto electrónico, una solución en busca de problemas", Beatriz Busaniche y otros expertos que la acompañaron en esa publicación remarcan que toda tecnología de votación, sea en papel o electrónica, determina en cierta medida la forma y el alcance en que las personas ejercen su derecho democrático al voto. Los especialistas entienden que cambiar la tecnología de votación es, en sí mismo, un cambio en el sistema electoral, por lo que hasta el detalle más pequeño de estas tecnologías debería ser estudiado desde un punto de vista político. "Centrarse únicamente en los aspectos técnicos del voto electrónico, que se encuentran en la esfera de los expertos, conlleva el riesgo de obturar el necesario debate político y ciudadano que una cuestión tan importante como el derecho al voto requiere", sostienen.
En esa obra, avezados programadores e ingenieros en seguridad informática aseguran que "los sistemas de voto electrónico son particularmente frágiles: ninguno ha sido formalmente verificado, y todos los que han sido sometidos a análisis exhaustivo por expertos independientes han mostrado fallas explotables". Señalan que incluso en análisis fragmentarios del sistema de boleta única electrónica (BUE) se evidenciaron "fallas graves".
Los expertos afirman que, en lo sustancial, "el voto electrónico no puede garantizar la inviolabilidad del secreto del voto y que el uso de cualquier identificador único, como el número de serie de los dispositivos RFID del sistema usado en Salta y CABA, deja abierta la posibilidad de asociarla con el votante individual".
Sobre la integridad de voto señalan que, al ser los sistemas informáticos altamente vulnerables a errores que pueden pasar inadvertidos y al desconocerse lo que sucede exactamente en su interior, "resulta muy difícil garantizar que los votos no sean adulterados y, por lo tanto, no se puede tener la seguridad de una correcta asignación y conteo". Recuerdan, además, que "distintas universidades en el mundo han hecho experimentos en votaciones simuladas, demostrando que es posible adulterar los resultados de máquinas de votar o violar el secreto del voto".
Busaniche y otros coautores del libro que tiene a la titular de la Fundación Vía Libre como compiladora advierten que la fiscalización de las elecciones por parte de representantes de los partidos, la Justicia y el ciudadano común encuentra un serio obstáculo en la complejidad técnica de los sistemas.
Sobre la confianza ciudadana, los expertos remarcan que, lejos de ser una tecnología que avance a paso firme y tienda a implementarse en todos los países, el voto electrónico ha sido adoptado lenta y cautelosamente, y en ocasiones desestimado o cancelado. "En ciertos casos esta modalidad no ha superado las etapas de prueba satisfactoriamente, y en otros directamente ha sido abandonado o prohibido, como en Holanda y Alemania. En los países en los que se presenta como caso de éxito, como Brasil, Venezuela y la India, se han reportado anomalías que ponen en duda la confianza ciudadana", afirman. Y subrayan que en estos países "no se ha demostrado todavía que esta modalidad mejore la participación ciudadana, disminuyendo el abstencionismo o la anulación de votos. Por el contrario, conlleva problemas de participación para adultos mayores y personas de bajo nivel educativo", plantean.
Otro aspecto que cuestionan con insistencia es "la privatización de una parte importante del sistema electoral", ya que estos sistemas de votación son, por lo general, adjudicados por el Estado a empresas privadas. "Estas empresas suelen tener en su poder las patentes de los sistemas y el copyright del software. Así, una parte importante del sistema electoral pasa a estar bajo control privado", objetan.