La Sala 6 del Tribunal de Juicio condenó a Andrea Cecilia Palacios, y Hernán Ochoa a dos años y cinco meses de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena por el delito de falsificación de instrumento público.
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La Sala 6 del Tribunal de Juicio condenó a Andrea Cecilia Palacios, y Hernán Ochoa a dos años y cinco meses de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena por el delito de falsificación de instrumento público.
Ambos, además, fueron absueltos del delito de estafa. Por su parte, Azucena del Valle Ruiz resultó absuelta de los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.
Durante su alegato, la fiscal Penal de la Unidad de Delito Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado tres años de prisión de cumplimiento efectivo y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Ochoa; 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional y 5 años 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Palacios. En cuanto a Ruiz, la fiscal de UDEC solicitó la absolución por la duda razonable.
Ochoa, Palacios y Ruiz fueron denunciados el 11 de junio de 2020 por la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta por haber emitido un Permiso Transitorio de Habilitación a un local de productos y artículos de limpieza ubicado en calle Leguizamón al 1700, con su firma falsificada.
Los investigadores de la División de Delitos Económicos descubrieron que el propietario del local había iniciado en agosto de 2019 los trámites para habilitación de su local, siendo atendido en el Centro Cívico Municipal por Ruiz, del Área de Inspecciones y por Palacios del Área de Legajos, que es la que propiamente se ocupa de la extensión de los permisos transitorios. Abonó un total de $ 6.000, $ 3000 por sellado y $ 3000 por honorarios. El trámite debía continuar vía web.
En la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) no existe registro de ingreso de pago de sellado a las arcas municipales correspondiente al permiso transitorio.
Al no tener novedades, el dueño del local contrató durante el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) decretado durante la pandemia de coronavirus, a un hombre (Ochoa) que se presentó como gestor, para la habilitación comercial de su local, entregando dinero para la realización del trámite. Tiempo después le entregó el Permiso Transitorio.