El paro docente dispuesto por CTERA, que obstaculizará el inicio del ciclo lectivo en todo el país, es una pésima noticia para las familias argentinas, especialmente aquellas que dependen de la escuela pública para la educación de sus hijos.
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El paro docente dispuesto por CTERA, que obstaculizará el inicio del ciclo lectivo en todo el país, es una pésima noticia para las familias argentinas, especialmente aquellas que dependen de la escuela pública para la educación de sus hijos.
La destrucción de la calidad educativa en los últimos veinte años es uno de los síntomas más graves de la profunda crisis política del país, que paraliza el desarrollo económico y aniquila la eficiencia del Estado.
Los gremios, que aplaudieron las medidas que aplicó el exministro Sergio Massa en su campaña, incluida la reducción de impuestos coparticipables, como Ganancias e IVA, convalidaron un desfinanciamiento de las provincias que ahora hace difícil eludir la austeridad salarial.
La exvicepresidenta Cristina Kirchner reconoció, días antes del cambio de Gobierno, que dejaban como herencia un país en estanflación: con precios disparados y la producción en baja. Es decir, la crisis inflacionaria brutal, acompañada de una profunda caída de la actividad económica, que hoy golpea con toda su fuerza.
Las malas políticas de los gobiernos y la insensibilidad de muchos sindicalistas -que parecen ajenos a la realidad social- han logrado que la enseñanza pública en la Argentina se degradara tanto que apenas el 13% de los alumnos completan el ciclo secundario en el tiempo previsto y con el nivel de conocimiento planteado en los objetivos. Además, el dato más trágico es que la brecha educativa castiga con dureza a los sectores de menores ingresos, ya que allí es donde de registra la mayor pérdida de destrezas esenciales. Los niños y adolescentes que no estén preparados para adecuarse a un mundo tecnológico nuevo y cambiante serán los adultos expulsados del sistema laboral como consecuencia de una sociedad que se proclama "inclusiva" y que, sin embargo, produce los mayores niveles de inequidad en el último medio siglo.
No es momento de bravatas de los gobernantes ni de paros políticos como el que la Ctera convoca para mañana.
La decisión del gobierno salteño de postergar una semana el comienzo del ciclo lectivo fue una concesión a los gremios de la provincia para crear una instancia de diálogo. Nada legitima una política extorsiva que tenga como rehenes a los alumnos. Por eso, debería anunciarse ya, sin dilaciones, que también se posterga el final del ciclo lectivo, en diciembre.
A pesar de la arbitraria retención del Fondo de Incentivo Docente impuesta por el Gobierno nacional, el paro no se justifica, porque ese es un problema que debe resolver el gobernador Gustavo Sáenz, no la Ctera ni los gremios salteños.
El Gobierno provincial ofreció un 16% de aumento salarial para los empleados de la administración pública provincial, que se suma a los aumentos del 30% pagado en enero, el otro 30% que se pagará con el sueldo de febrero y del 22% que se pagará con el de marzo.
Gobernantes y gremialistas deberían recordar que el cierre compulsivo de escuelas durante un año y medio, por una cuarentena no debatida ni sancionada en el Congreso, es una de las manchas imborrables en la memoria de la anterior gestión, fuertemente repudiada por los habitantes de barrios populares.
Nadie duda de que el gremialismo docente se encuentra hoy desvalorizado ante la opinión pública. Los maestros ganan poco, como gana poco la mayoría de los asalariados. El país requiere, con urgencia, que la educación sea declarada servicio esencial y que la profesión de educador sea jerarquizada y remunerada de acuerdo con la importancia de ese servicio. La Argentina va a tener que avanzar mucho para lograrlo, pero necesariamente deberá hacerlo por un camino muy diferente del que se ha seguido hasta ahora y al que se aferran gremialistas nacionales como Roberto Baradell o Hugo Yasky.