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La mayoría de los grandes países agrícolas aplica políticas para reducir riesgos, estabilizar ingresos y sostener la inversión. La Argentina recorre el camino contrario: en lugar de transferir recursos hacia el productor, extrae una parte de sus ingresos mediante derechos de exportación y otras intervenciones.
La diferencia fue analizada por la Fundación Producir Conservando a partir de la Estimación de Apoyo al Productor, conocida como PSE por sus siglas en inglés, un indicador elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El PSE mide qué proporción de los ingresos brutos de los productores proviene de transferencias generadas por políticas públicas. Incluye subsidios directos, sostenimiento de precios, protección comercial, pagos por superficie, seguros y otras herramientas de respaldo.
El relevamiento muestra una diferencia profunda entre la Argentina y sus competidores. Mientras la mayoría de los países registra valores positivos, el apoyo argentino es negativo. Para el período 2021-2023, la OCDE calculó un PSE de -13,7 %.
Esto significa que los productores argentinos percibieron, en promedio, cerca de 14 % menos de ingresos que los que habrían obtenido con los precios internacionales y sin políticas que intervienen sobre el mercado.
Apoyos diferentes
Los niveles más elevados aparecen en Noruega, Suiza, Islandia y Corea del Sur, donde el apoyo supera el 40 % de los ingresos brutos. Allí predominan los pagos directos, los precios de sostén y la protección comercial.
La Unión Europea presenta un apoyo de entre 15 % y 20 %. Estados Unidos se ubica entre 8 % y 12 %; China, entre 13 % y 14 %; Canadá, entre 8 % y 10 %; y Brasil, entre 3 % y 5 %.
Australia y Nueva Zelanda aplican políticas menos intervencionistas. El apoyo australiano se ubica entre 2 % y 3 %, mientras que en Nueva Zelanda ronda entre 1 % y 2 %. Aun en esos casos, el balance es positivo, a diferencia de la Argentina.
La Fundación destacó que no todos los respaldos adoptan la forma de subsidios directos. Muchos se canalizan mediante seguros agrícolas, compensaciones por caídas de precios o ingresos, créditos subsidiados, investigación, extensión rural e infraestructura.
En Estados Unidos, el Estado cubre entre 60 % y 70 % del costo de los seguros agrícolas. También funcionan programas que compensan pérdidas, ayudas frente a sequías, inundaciones o huracanes, créditos blandos e inversión pública.
En años normales, el apoyo estadounidense representa entre 7 % y 10 % del ingreso bruto. Ante crisis climáticas o comerciales, esa asistencia puede aumentar.
La Unión Europea aplica pagos directos por hectárea, programas ambientales, políticas de desarrollo rural y seguros. China utiliza precios mínimos para determinados cultivos, subsidios para fertilizantes y maquinaria. Brasil cuenta con créditos rurales subsidiados, seguros y financiamiento para inversiones.
Política europea
La Política Agrícola Común de la Unión Europea incluye pagos básicos por superficie, incentivos ambientales, asistencia para jóvenes productores, fondos para inversiones y subsidios destinados a seguros.
En numerosas regiones, esos pagos representan entre 30 % y 60 % de la renta neta de las explotaciones, especialmente en establecimientos mixtos y ganaderos.
Por hectárea
La comparación por hectárea permite dimensionar la diferencia. Según Producir Conservando, un productor europeo recibe anualmente entre US$ 250 y US$ 600 por hectárea.
En Estados Unidos, el apoyo varía entre US$ 80 y US$ 180 por hectárea; en Canadá, entre US$ 70 y US$ 150; en Brasil, entre US$ 20 y US$ 60; y en Australia, entre US$ 10 y US$ 30.
En la Argentina, el resultado es inverso: la extracción de recursos se estima entre US$ 80 y US$ 300 por hectárea, según el cultivo y el nivel de los derechos de exportación.
Aunque las cifras varían según el sistema productivo y el rendimiento, reflejan la dirección de las transferencias. En otros países, los recursos van desde el Estado hacia el productor. En la Argentina, una parte de los ingresos generados se transfiere desde el sector hacia el Estado.
Competencia desigual
El productor argentino no compite únicamente contra las condiciones productivas de otros países. También enfrenta sistemas públicos que respaldan a sus competidores frente al clima, las variaciones de precios y la necesidad de invertir.
Mientras un agricultor europeo recibe pagos por superficie y uno estadounidense dispone de seguros subsidiados y compensaciones, el productor argentino debe absorber los riesgos y entregar una parte de su ingreso mediante las retenciones.
Los derechos de exportación reducen el precio interno que recibe el productor. A ello se agregan intervenciones que distorsionan los mercados y disminuyen la previsibilidad de las decisiones productivas.
Esta diferencia afecta la capacidad de invertir en fertilización, genética, maquinaria y tecnología. También limita la posibilidad de recomponer el capital después de una sequía o una caída de precios.
En regiones alejadas de los puertos, donde los costos logísticos tienen mayor incidencia, la extracción resulta todavía más significativa. Allí, las retenciones se combinan con los gastos de transporte y reducen el precio que queda en manos del productor.
Cambiar el rumbo
Producir Conservando sostuvo que la eliminación de las retenciones y de las intervenciones directas permitiría mejorar la competitividad del agro argentino. El planteo no implica copiar los sistemas de subsidios de otros países, sino evitar que la política económica coloque al productor local en una posición desfavorable.
La discusión también comprende la estabilidad de las reglas y la existencia de herramientas para enfrentar los riesgos. Los seguros agrícolas, el financiamiento, la investigación, la extensión y la infraestructura pueden mejorar la productividad sin depender de pagos directos.
La Argentina posee recursos naturales, conocimiento técnico y capacidad para aumentar su producción. Sin embargo, participa del comercio mundial con una carga que sus competidores no enfrentan.
La paradoja es clara: mientras el mundo protege, asegura y financia a sus agricultores, la Argentina grava una de sus principales fuentes de producción, empleo y exportaciones.