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La derogación de las normas que durante más de tres décadas restringieron el ingreso de banana importada a las zonas productoras del norte abrió una fuerte controversia. El conflicto no pasa solo por la competencia comercial, sino por determinar si el nuevo esquema puede preservar el estatus fitosanitario de Salta, Jujuy, Formosa y Misiones.
La Secretaría de Agricultura de la Nación eliminó disposiciones consideradas obsoletas o innecesarias. Entre ellas quedó la Resolución 99/1994, que limitaba el ingreso al NOA de bananas procedentes de países o zonas con determinadas plagas cuarentenarias. También fueron derogadas las normas que extendieron esa protección a Formosa y Misiones.
Nación ratificó la medida en una reunión virtual convocada por Salta y coordinada con Jujuy. Salta pidió suspender su aplicación hasta contar con mayores garantías, pero la solicitud no fue aceptada.
Reclamo del norte
Uno de los principales cuestionamientos fue la falta de consulta previa. El secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato, sostuvo que una modificación de esa magnitud debía haberse discutido con las provincias y el sector.
José Luis Checa, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta, afirmó que las provincias se enteraron después de la publicación en el Boletín Oficial. A su entender, la reunión posterior tuvo un carácter informativo, porque la decisión ya estaba tomada.
Los productores insistieron en que su preocupación es sanitaria y no comercial. Reconocen que la Argentina necesita importar banana porque la producción nacional no alcanza para cubrir la demanda. Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz, reforzó ese argumento: su empresa produce en Salta y también importa fruta desde Ecuador.
Según explicó, el país consume alrededor de 30 millones de cajas por año. Unas 25 millones son importadas y cerca de 5 millones son de producción argentina. A la vez, el consumo de Salta y Jujuy representa apenas entre 1 % y 1,5 % de la demanda nacional.
Para Muñoz, esa participación es demasiado pequeña como para justificar la eliminación de una barrera sanitaria con el objetivo de mejorar la competencia. "No estamos en contra de la importación por una cuestión comercial", remarcó.
Riesgo fitosanitario
La Resolución 99/1994 había sido dictada para proteger al NOA de la Sigatoka negra, una enfermedad que afecta las hojas del banano y puede provocar fuertes pérdidas de rendimiento. Los productores advierten que en las últimas décadas apareció otra amenaza todavía más grave: el Fusarium Raza Tropical 4 (TR4 o Mal de Panamá).
El hongo ingresa por las raíces, avanza por el sistema vascular e impide el movimiento de agua y nutrientes. Una vez instalado puede provocar la muerte de las plantas y permanecer durante décadas en el suelo.
"Si ingresara el R4T, habría que destruir la plantación y esperar 30 años. Ahí se terminaría una economía regional completa", advirtió Dorigato. La enfermedad no afecta a las personas, pero sí puede destruir los cultivos.
La banana no es considerada la principal vía de transmisión. El temor está asociado con la posibilidad de que tierra o restos vegetales contaminados queden adheridos a cajones, embalajes, vehículos, herramientas o calzados utilizados en la cosecha y el transporte.
A esa preocupación se suma el contrabando en las fronteras con Bolivia y Paraguay. Productores y funcionarios provinciales sostienen que, sin la restricción territorial, será más difícil distinguir una carga legal de otra ingresada por canales informales.
Controles vigentes
La Secretaría de Agricultura y el Senasa sostienen que la derogación no eliminó los controles sobre las importaciones. Además, aseguran que las antiguas restricciones regionales habían perdido vigencia frente al sistema sanitario y aduanero actual.
Los requisitos se establecen mediante análisis de riesgo de plagas y deben ser certificados por el país exportador. En los puntos de ingreso, el Senasa realiza controles documentales, de identidad y físicos sobre las cargas.
Agricultura remarcó que el esquema busca proteger a todo el territorio nacional y que las exigencias se actualizan según la situación sanitaria de cada país. Durante la reunión, las autoridades afirmaron que se inspecciona el 100 % de las cargas legales y que el Centro Regional NOA Norte mantiene su capacidad operativa.
El Senasa señaló además que se decomisan alrededor de 50 toneladas semanales de productos vegetales ingresados irregularmente. Para la Nación, el dato demuestra que los controles funcionan; para los productores, confirma que el contrabando existe.
La explicación oficial no disipó las dudas. Salta propuso crear un esquema complementario de vigilancia, trazabilidad e inspección en territorio, con participación de la Nación, las provincias y el sector productivo.
La producción argentina se concentra en Salta, Jujuy, Formosa y Misiones. Salta aporta entre 65 % y 70 % del volumen nacional y reúne unas 2.784 hectáreas en Orán y San Martín, trabajadas por alrededor de 60 productores.
La actividad genera un empleo directo por hectárea durante todo el año, además de puestos vinculados con empaque, transporte, maduración y comercialización. El sector considera que existe margen para ampliar la superficie y sustituir importaciones.
Muñoz explicó que Salvita incorporó tecnología y equipamiento y proyecta ampliar su superficie. Para el empresario, la derogación no detendrá las inversiones de inmediato, pero genera incertidumbre.
Por ahora no existe evidencia de que la eliminación de las restricciones haya provocado el ingreso de una plaga. La discusión se concentra en determinar si los controles ofrecen una protección equivalente a la barrera territorial que rigió durante más de 30 años.
Agricultura y el Senasa sostienen que el sistema nacional es suficiente. Salta, Jujuy y los productores reclaman garantías concretas, mayor trazabilidad y vigilancia permanente. La controversia ya no pasa por si la Argentina debe importar banana, sino por definir qué resguardos deben acompañar ese comercio para no comprometer una economía regional estratégica.
El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, afirmó que Salta acompaña toda iniciativa destinada a modernizar los sistemas de control sanitario, pero sostuvo que cualquier actualización del régimen vigente debe ofrecer previsibilidad y sustentarse en garantías técnicas suficientes para preservar el estatus fitosanitario alcanzado por la región.
Al cierre de esta edición, la Nación no se había expedido oficialmente sobre los resultados de la reunión con las provincias y productores, por lo que la situación permanecía abierta y sujeta a posibles nuevas definiciones.