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El Gobierno de España aprobó ayer una regularización extraordinaria que permitirá otorgar permisos de residencia y trabajo a unos 500 mil migrantes que ya se encuentran en el país. La iniciativa, impulsada por el presidente Pedro Sánchez, fue presentada como un acto de "justicia y necesidad", pero generó un fuerte rechazo de la oposición conservadora y la ultraderecha.
Desde Pekín, Sánchez dijo que la medida apunta a reconocer la situación de personas que ya viven y trabajan en territorio español y que, en muchos casos, contribuyen a la economía en sectores clave como la agricultura o el cuidado de adultos mayores. "Ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión", sostuvo, al defender una decisión que también cuenta con el respaldo de organizaciones sociales, empresarios y la Iglesia Católica.
Para acceder a la regularización, los solicitantes deberán acreditar residencia en España desde antes del 1 de enero y haber permanecido al menos cinco meses de forma continua en el país, además de no contar con antecedentes penales. El proceso comenzará el 16 de abril con la apertura de solicitudes de manera online, mientras que la atención presencial se habilitará a partir del día 20. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, indicó que se dispondrán oficinas en todo el país para recibir los trámites hasta el 30 de junio, con el fin de resolverlos en un plazo de dos meses y medio.
Huelga en las oficinas de Extranjería
Sin embargo, el desarrollo del plan podría verse afectado por una huelga anunciada en las oficinas de Extranjería desde el 21 de abril. A esto se suman críticas de sindicatos policiales, que cuestionaron que el proceso se haya diseñado "de espaldas" a las fuerzas de seguridad y advirtieron sobre posibles riesgos de fraude o fallas en la verificación de identidad.
Desde el plano político, la medida generó reacciones diversas. El líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la regularización como "inhumana" e "injusta" y aseguró que podría incentivar la actividad de mafias vinculadas a la migración irregular. Y el partido Vox dijo que recurrirá la medida ante el Tribunal Supremo. En contraste, organizaciones vinculadas a la Iglesia como Cáritas respaldaron la iniciativa y pidieron garantizar su alcance a todos los potenciales beneficiarios. Argumentaron que la irregularidad administrativa expone a los migrantes a situaciones de vulnerabilidad, limitando su acceso a derechos básicos y favoreciendo la discriminación.
En un mensaje a la ciudadanía, Sánchez remarcó que la regularización busca "normalizar" una realidad social ya existente y recordó el papel histórico de los migrantes en el desarrollo de España. También advirtió que, ante el envejecimiento poblacional, la incorporación de nuevos trabajadores es clave para sostener el crecimiento económico y el funcionamiento de servicios como la salud, la educación y el sistema previsional.