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Más de 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española a través de lo previsto por la ley de Memoria Democrática, según las últimas cifras recopiladas por la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española, Violeta Alonso, quien se ha referido a este proceso en una entrevista.
La cifra concreta de peticiones asciende a 2.450.000. Y la nacionalidad española ya se ha inscrito a alrededor de 306.000 personas, según los datos dados a conocer por la funcionaria.
El proceso, abierto de forma temporal, admitió solicitudes durante dos años, y fue posteriormente prorrogado por un tercer año. El periodo de presentación de peticiones se cerró en octubre de 2025. Se espera que todo el proceso esté completado en unos cuatro o cinco años. "Eso sería un plazo razonable", explicó Alonso.
Los requerimientos contemplados en la normativa exigen que los solicitantes sean descendientes de españoles nacidos fuera de España que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como resultado de sufrir exilio tras la guerra civil (1936-1939) o por la persecución franquista. Así lo estipula la ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.
También existen otros supuestos reconocidos, como el de los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que se vieron privadas de la nacionalidad por contraer matrimonio con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española ha apuntado que el número de solicitudes denegadas es muy bajo, pues la mayoría de quienes inician el proceso cumplen los requisitos.
Sin embargo, la afluencia de solicitudes por esta vía legal ha supuesto una sobrecarga para la red consular española, que ya había experimentado presión por el aumento notable del número de ciudadanos españoles residentes fuera del territorio nacional.
Según ha recordado Alonso, el número de españoles en el exterior ha pasado de 1,5 millones en 2010 a 3,2 millones en la actualidad, y se prevé que supere los cinco millones cuando concluya la tramitación de todas las solicitudes asociadas a la ley de Memoria Democrática.
En este contexto, Alonso ha destacado la necesidad de "redimensionar" los recursos consulares para garantizar la correcta atención a todas las personas afectadas por el proceso.
Para Alonso, es claramente "un éxito" de la ley que haya habido tantas peticiones, y reclama al Estado que dé una respuesta administrativa "a este acceso a derechos". En este sentido, adelantó que se van a implementar medidas para agilizar la tramitación, como el apoyo de una empresa externa que va a dedicarse a la recepción y digitalización de las solicitudes pendientes, mientras que la resolución e inscripción la seguirán gestionando los consulados.