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El Gobierno de Bolivia, presidido por Rodrigo Paz Pereira, enfrenta un riesgo inminente de colapso institucional debido a un cerco total sobre el eje La Paz - El Alto. Las movilizaciones radicales lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos e indígenas afines a Evo Morales, y mineros cooperativistas han consolidado un estrangulamiento logístico. La exigencia central e innegociable de los bloques hostiles es la renuncia inmediata del Presidente de la República.
Así lo señalan informes de Inteligencia que confirman lo que ya se advertía puertas adentro del Gobierno de Paz Pereira: a solo seis meses de asumir su mandato, sectores vinculados al expresidente y prófugo Evo Morales quieren derrocar al actual mandatario que en las elecciones del año pasado se impuso con el 54% de los votos.
Las ciudades de La Paz y El Alto, epicentros de las protestas, volvieron a concentrar la presión de sindicatos, organizaciones campesinas, mineros, maestros y sectores fabriles afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), que exigen la renuncia del mandatario y el adelanto de las elecciones. Miles de personas marcharon desde distintos puntos hacia el centro político de La Paz, colapsando calles y paralizando la actividad comercial y el transporte.
La tensión aumentó en la plaza Murillo, donde se ubican la Presidencia y el Poder Legislativo, luego de que los manifestantes intentaran romper los anillos de seguridad policial. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos, mientras los movilizados lanzaban piedras, petardos, palos y cartuchos de dinamita. El aire cargado de gas, las detonaciones y el choque entre civiles y policías convirtieron el centro administrativo paceño en un escenario de confrontación abierta. Los comercios cerraron sus puertas y algunos establecimientos sufrieron daños.
El Gobierno boliviano informó que cuatro personas murieron en por falta de atención médica oportuna en medio de los bloqueos. El último caso informado fue el de un niño de 12 años.
En El Alto, organizaciones vecinales y transportistas instalaron bloqueos cercanos al Aeropuerto Internacional mediante quema de llantas y objetos, mientras los funcionarios reforzaban la seguridad para impedir el ingreso a la terminal.
Hasta ayer se mantenían 54 puntos de interrupción vial en siete de los nueve departamentos.
La Paz es la región más afectada, con rutas bloqueadas hacia Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, interrumpiendo el transporte de alimentos, combustibles y mercancías, generando un fuerte impacto económico y social y manteniendo al país en la incertidumbre.
Una arenga desde la clandestinidad
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció ayer en un video difundido desde la clandestinidad (al igual que lo hizo hace unas horas el expresidente Evo Morales) para respaldar las movilizaciones que mantienen paralizada a gran parte de Bolivia desde hace tres semanas. La aparición se produce luego de que la Fiscalía emitiera una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos vinculados a las protestas.
En el mensaje, Argollo denunció una "persecución política" contra la dirigencia sindical y llamó a sostener las movilizaciones que bloquean rutas estratégicas y cercan ciudades como El Alto y La Paz, sede del Gobierno. El dirigente negó haberse refugiado en el Chapare, bastión político del expresidente Morales, y aseguró que sigue en Bolivia. "Desde la clandestinidad me dirijo a ustedes porque la persecución política del Gobierno ha llegado a la dirigencia. No nos hemos escapado, no nos hemos ido a otro país", declaró.
La Policía confirmó que busca a Argollo, considerado uno de los principales articuladores de las protestas, que comenzaron con demandas sectoriales y derivaron en una ofensiva política contra el presidente Rodrigo Paz Pereira.
El líder sindical también criticó el discurso del mandatario, quien calificó de "vándalos" a los movilizados, y lo consideró "una provocación". Aunque reconoció el malestar ciudadano por la escasez de alimentos y combustibles y otros insumos, responsabilizó al Gobierno por la crisis.