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La crisis política y social en Bolivia se agravó en las últimas horas con un aumento de los bloqueos de carreteras, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y crecientes problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos. El conflicto, que ya lleva cuatro semanas consecutivas, sumó además una víctima fatal en medio de un operativo de desbloqueo.
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que existen alrededor de 150 puntos de bloqueo en todo el país, aunque el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de cortes. "Los bloqueos afectan a toda la población del país", afirmó el jefe policial, quien pidió habilitar corredores humanitarios para garantizar el paso de oxígeno, alimentos y combustibles.
La cifra oficial supera ampliamente los datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que reportó entre 60 y 70 bloqueos, principalmente en el oeste boliviano. Las protestas son impulsadas por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), además de sectores campesinos, indígenas, mineros y juntas vecinales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, en un movimiento que ya es visto como un intento de golpe de estado.
El impacto golpea al abastecimiento. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que más de 1.600 camiones cisterna permanecen detenidos rumbo a la planta de Senkata, principal centro de distribución de combustibles de El Alto, debido a los bloqueos en los accesos a La Paz.
Ante este panorama, la petrolera estatal anunció medidas temporales para optimizar la distribución. La Asociación de Surtidores Privados de Hidrocarburos de La Paz alertó sobre una "paralización casi total".
En paralelo, fuerzas policiales realizaron un operativo parcial de desbloqueo en Parotani, una zona estratégica ubicada a 40 kilómetros de Cochabamba sobre la ruta troncal que conecta el occidente boliviano con el Pacífico. Según la Policía, lograron recuperar parcialmente la circulación y permitir el paso de transporte pesado y cisternas. La intervención derivó en nuevos enfrentamientos. El operativo terminó suspendido luego de incidentes.
La tensión escaló aún más cuando el Gobierno confirmó la muerte de Víctor Cruz Quispe, un civil que falleció tras recibir un proyectil de arma de fuego cerca de Vilaque, durante los disturbios del sábado. El vocero presidencial José Luis Gálvez lamentó el hecho y aseguró que se investigará lo ocurrido, aunque insistió en que policías y militares no portaban armas de fuego.
La Iglesia, la Defensoría del Pueblo y organismos de DDHH reclamaron una investigación independiente. Mientras tanto, las protestas y un paro del transporte público mantuvieron paralizado el centro de La Paz, en medio de un creciente temor por el desabastecimiento y el agravamiento del conflicto.
Buscan habilitar a las FFAA
En medio de las protestas y bloqueos de rutas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la Cámara de Diputados de Bolivia debatía ayer un proyecto de ley para eliminar restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La iniciativa propone derogar la Ley de Estado de Excepción, vigente desde 2020, que limita la actuación militar y establece que las FFAA solo pueden intervenir cuando la Policía haya sido superada.
El diputado opositor Carlos Alarcón, impulsor del proyecto, afirmó que existe una "amplia mayoría" para avanzar con la medida y sostuvo que la norma le permitiría al Gobierno decretar un estado de excepción con mayor margen de acción frente a los conflictos. La sesión se hizo de forma virtual por razones de seguridad y al cierre de esta edición continuaba el debate.