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El conflicto ya lleva 29 días y empieza a sentirse con fuerza en la vida cotidiana. Las medidas de presión provocaron el incremento de las filas para cargar combustible, el encarecimiento de productos básicos y crecientes dificultades para el ingreso de alimentos y medicamentos a La Paz y otras zonas.
El exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, confirmó que las organizaciones coincidieron en sostener las protestas. Según explicó, las bases rechazan las propuestas de diálogo impulsadas por el Gobierno de Rodrigo Paz y exigen respuestas de fondo frente a la crisis política y económica. "No hay cuartos intermedios", afirmó.
La tensión aumenta cuando se cumple casi un mes de bloqueos en rutas estratégicas. En las últimas jornadas, varios sectores endurecieron su discurso y condicionaron cualquier negociación al tratamiento de sus demandas centrales, entre ellas la salida del presidente Paz. Dirigentes campesinos también rechazaron reinstalar mesas de diálogo con el Ejecutivo y advirtieron que podrían radicalizar las medidas si no hay respuestas inmediatas.
El impacto económico ya se refleja en mercados y centros de abastecimiento, donde comerciantes y consumidores reportan faltantes de productos y aumentos de precios. La falta de normalidad en las rutas también complica la distribución de mercadería, combustibles e insumos.
En medio de ese escenario, la Justicia dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el principal dirigente de la Federación de Trabajadores Campesinos "Túpac Katari", Vicente Salazar. La decisión fue adoptada por el Tribunal Segundo de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer, que concedió la tutela de una acción de libertad.
La situación judicial de ambos dirigentes se había convertido en uno de los mayores obstáculos para abrir una mesa de negociación. Organizaciones sindicales y campesinas exigían garantías antes de cualquier acercamiento con el Gobierno y denuncian una supuesta persecución judicial por la participación de sus referentes en las movilizaciones.
La orden de aprehensión había sido emitida el 17 de mayo, tras una denuncia del Ministerio de Gobierno por presuntos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, en el marco de los bloqueos y protestas registrados en La Paz y El Alto. Incluso la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia había condicionado su participación en instancias de mediación a la anulación del mandamiento contra el dirigente de la COB.
Aunque la resolución judicial representa una señal relevante dentro del conflicto, los sectores movilizados dejaron en claro que no modificarán su postura. Por ahora, los bloqueos continuarán y la presión sobre el Gobierno seguirá aumentando en medio de un escenario marcado por el desabastecimiento, la tensión política y el malestar social.
Reportaron que hubo 7 muertos
La Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la conflictividad social en Bolivia y señaló que los conflictos dejaron un total de 321 personas arrestadas, 23 heridas y siete fallecidos. Cuatro personas perdieron la vida porque no recibieron atención médica por los bloqueos y las otras eran participantes en las protestas.