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Bolivia comenzó ayer el segundo mes consecutivo de protestas y bloqueos en rutas con un escenario cada vez más complejo: casi un centenar de puntos permanecen cerrados, no hay señales de diálogo entre los sectores movilizados y el Gobierno, y la crisis económica se profundiza con escasez de combustibles, alimentos e insumos médicos.
El conflicto, que comenzó el pasado 1 de mayo con reclamos salariales de distintos sectores, escaló rápidamente hasta transformarse en una fuerte confrontación política cuyo principal objetivo es la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió en noviembre. Mientras los manifestantes endurecen la presión en las rutas, el Ejecutivo sostiene que las protestas adoptaron un carácter desestabilizador que afecta gravemente la institucionalidad del país.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) dijo que ayer se registraban 91 puntos de bloqueo distribuidos en siete de los nueve departamentos bolivianos. La región de Cochabamba continúa siendo el foco más crítico del conflicto.
El avance de las protestas agravó el aislamiento de las regiones y complicó el abastecimiento. En ciudades como La Paz y El Alto se repiten largas filas de autos en busca de gasolina, mientras crecen las dificultades para abastecer mercados y hospitales.
Las posibilidades de una negociación volvieron a frustrarse el domingo, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores descartaron abrir una mesa de diálogo con el Gobierno y resolvieron sostener los bloqueos. Las protestas son impulsadas por sindicatos, campesinos, la Federación Tupac Katari de La Paz y grupos vinculados al expresidente Evo Morales, quienes acusan al Gobierno de incumplir promesas, impulsar privatizaciones y profundizar una crisis económica que el país arrastra desde 2023.
Paz asumió en medio de una fuerte escasez de dólares, problemas energéticos y una inflación que cerró 2025 en 20,40%.