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El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó este sábado a primera hora un Decreto Supremo que declara Estado de Excepción por Conmoción Interna en todo el territorio nacional durante 90 días, argumentando que los bloqueos prolongados, hechos de violencia y la crisis de abastecimiento han generado una situación que pone en riesgo la seguridad pública, la estabilidad institucional y el funcionamiento regular del país.
La medida, aprobada en Consejo de Ministros, otorga facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas de Bolivia y a la Policía Boliviana, que desde ahora actuarán de manera conjunta para controlar y restablecer el orden público interno.
Entre las principales disposiciones del decreto se establece la suspensión temporal de varios derechos constitucionales, particularmente la libertad de locomoción, circulación, tránsito y reunión, aunque el Gobierno asegura que se mantienen intactas las garantías fundamentales, el debido proceso y el derecho a la información.
A partir de la aplicación efectiva de las resoluciones complementarias que deberán emitir los ministerios de Gobierno y Defensa, las autoridades podrán imponer inmovilización obligatoria de personas, restringir el tránsito vehicular y peatonal, prohibir concentraciones masivas y manifestaciones públicas, además de impedir cualquier tipo de bloqueo en carreteras urbanas, rurales, departamentales e internacionales.
El decreto también autoriza a las Fuerzas Armadas a proteger infraestructura crítica y activos estratégicos del Estado, incluyendo aeropuertos, plantas energéticas, hospitales, redes de telecomunicaciones, sistemas hídricos y centros logísticos. Asimismo, podrán instalar puestos de control, resguardar rutas estratégicas de abastecimiento y realizar controles vehiculares y de carga para evitar el transporte de armas, explosivos o materiales destinados a bloqueos.
Dentro de las restricciones extraordinarias, el Gobierno podrá además suspender actividades económicas nocturnas cuando considere que existe riesgo de violencia, prohibir temporalmente la venta y consumo de bebidas alcohólicas en zonas intervenidas, restringir el uso de drones y limitar el funcionamiento presencial del sistema financiero, incluyendo agencias bancarias, transporte de valores y cajeros automáticos en áreas consideradas críticas.
Detenciones
El decreto faculta además a efectivos policiales y militares a realizar arrestos de hasta ocho horas en casos de incumplimiento de las disposiciones, con posterior traslado ante autoridad competente.
En la fundamentación de la norma, el Ejecutivo sostiene que el país enfrenta una situación de “grave alteración del orden público interno” debido a bloqueos prolongados que afectan el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos, servicios de salud, educación, transporte y actividades productivas.
Finalmente, la disposición fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá pronunciarse sobre su aprobación conforme establece la Constitución Política del Estado.
El Gobierno advirtió además que cualquier persona o grupo que financie, apoye o ejerza presión para sostener bloqueos, actos de violencia o afectación a servicios esenciales podrá ser denunciado ante el Ministerio Público y la Unidad de Investigaciones Financieras.