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La Cámara de Diputados de Bolivia sancionó ayer la ley que regula los estados de excepción, en medio de una crisis política y social marcada por más de un mes de bloqueos de caminos impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La norma fue aprobada tras más de 12 horas de debate y enviada al Ejecutivo para su promulgación.
La sesión se realizó bajo modalidad híbrida y se extendió hasta casi las 6 de la mañana de ayer. El proyecto obtuvo 79 votos a favor, más de dos tercios de los asistentes. Desde el oficialismo, el diputado Manolo Rojas sostuvo que la norma es necesaria para "salvaguardar el orden constitucional".
La oposición, en cambio, cuestionó el alcance de la ley. Basilia Cruz, de Alianza Popular, advirtió que puede convertirse en una "carta abierta" para la actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas, y reclamó que la salida a la crisis sea mediante el diálogo.
La ley busca regular los estados de excepción en casos de conmoción interna y otros hechos graves, conforme a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Además, otorga a la Policía un rol principal, con respaldo limitado de las Fuerzas Armadas, y permite restricciones temporales a actividades vinculadas con la crisis.
Bolivia arrastra bloqueos en ocho de sus nueve regiones, con faltantes de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno. Según la Defensoría del Pueblo, diez personas murieron durante el conflicto. Siete por falta de atención médica debida a los bloqueos y otras tres en el contexto de las protestas.
En paralelo, el mandatario boliviano endureció su discurso y aseguró que no permitirá que "intereses narcoterroristas" destruyan la democracia boliviana, luego de recibir el respaldo público del secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.