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El Gobierno de Bolivia aseguró que la detención del expresidente Evo Morales es una "tarea prioritaria", luego de que la Justicia emitiera una nueva orden de captura por los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la decisión en Santa Cruz. La causa comenzó tras una denuncia de dirigentes cívicos de esa región y luego recibió la adhesión del Ejecutivo.
La Fiscalía investiga la supuesta responsabilidad de Morales y otros dirigentes sindicales en las protestas y bloqueos registrados entre mayo y junio.
Las medidas de fuerza, impulsadas por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana y grupos afines al exmandatario, exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los cortes provocaron falta de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, dejaron al menos 16 muertos y generaron pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares.
Morales negó haber promovido la caída del Gobierno de Rodrigo Paz y aseguró que demostrará su inocencia. También acusó al Ejecutivo de responsabilizarlo por las protestas para ocultar la crisis económica y social.
El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, protegido por seguidores. Además, enfrenta otra orden de captura por una causa de trata agravada de personas vinculada a una presunta relación con una menor.