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El Gobierno de Bolivia declaró prioritaria la reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado, una medida que pone bajo revisión a 67 entidades como parte del programa de ajuste fiscal impulsado por el presidente Rodrigo Paz Pereira.
La decisión quedó establecida en el Decreto Supremo 5727, aprobado el jueves y publicado un día después en la Gaceta Oficial. La norma no implica el cierre automático de las empresas, sino que establece un proceso para determinar de manera individual el futuro de cada una.
La evaluación se realizará a partir de un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública y deberá ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública. Del total de entidades, 42 son completamente estatales y 25 tienen participación mixta, con mayoría del Estado. Además, una evaluación técnica identificó unas 20 empresas en situación crítica.
El 80% de las compañías bajo revisión fue creado mediante decretos supremos durante las últimas dos décadas. Entre ellas figuran entidades estratégicas como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), además de empresas de los sectores eléctrico y petrolero.
La medida profundiza el proceso anunciado por el Ejecutivo el 10 de septiembre, cuando anticipó el posible cierre de hasta una decena de empresas públicas "deficitarias". El ministro de Economía, Christian Morales, afirmó que las decisiones se tomarán en el corto plazo y dependerán de la situación financiera de cada una.