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El Gobierno de Bolivia dispuso ayer la intervención "extraordinaria" y "temporal" de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal encargada de la cadena de hidrocarburos, ante las dificultades registradas en el abastecimiento de combustibles y las críticas por la gestión de la distribución.
La medida fue establecida mediante el decreto 5697, publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, que establece la intervención estatal con el objetivo de "proteger los intereses del Estado" y "recuperar la eficiencia de la gestión operativa y administrativa" de la compañía.
Según la norma, la intervención tendrá una duración inicial de 180 días calendario, con la posibilidad de una única extensión por otros 90 días. El decreto aclara que la decisión no implica la eliminación de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica, sino que apunta a realizar una evaluación integral de su funcionamiento.
La intervención estará a cargo de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria. Entre sus principales tareas estará analizar la cadena logística de importación y distribución de carburantes, revisar los volúmenes destinados a estaciones de servicio y evaluar las decisiones que pudieron haber afectado el suministro de combustibles en el país. La comisión deberá elaborar informes y recomendaciones para el presidente Rodrigo Paz.
La crisis de abastecimiento de combustibles se arrastra desde 2024 y se tradujo en largas filas de vehículos en estaciones de servicio, con conductores que en algunos casos debieron esperar horas o días para acceder a gasolina o diésel.
Bolivia depende en gran medida de las importaciones para cubrir su demanda interna: adquiere del exterior cerca del 60% de la gasolina y alrededor del 95% del diésel que consume, con un costo aproximado de 90 millones de dólares semanales.