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La referente opositora venezolana María Corina Machado cuestionó con dureza ayer el histórico acuerdo petrolero firmado entre la Administración de Donald Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Machado transmitió la "tristeza y rabia" que genera este convenio en la población, afirmando que "el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo" y advirtiendo a la Casa Blanca que "los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores".
La postura de la líder opositora representa su primera reacción pública tras concretarse el pacto alcanzado casi ocho meses después del acercamiento entre Washington y Rodríguez tras el secuestro de Nicolás Maduro en enero y luego de la visita a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, para sellar contratos con firmas como Chevron, GE Vernova y la italiana ENI.
Machado explicó que tardó en pronunciarse para recabar información, pero alertó que aún se desconoce el verdadero alcance del texto. En ese sentido, lanzó interrogantes sobre la transparencia del proceso, quiénes otorgan las garantías y de qué manera beneficiará realmente a los ciudadanos.
El convenio, que otorga a Washington el control de más del 20% de las reservas probadas del país y contempla la concesión por 100 años a la firma North American Blue Energy Partners (NABEP), proyecta ingresos por más de 200.000 millones de dólares mediante el desarrollo de 17 campos estratégicos, según detalló el oficialismo. Sin embargo, Machado enfatizó que la reconstrucción nacional requiere estabilidad, garantías jurídicas y la legitimidad que solo puede brindar un Gobierno electo por el voto popular, señalando que ningún sector económico podrá prosperar de manera aislada sin instituciones sólidas.
El situación de Maduro
El abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, solicitó a la justicia de EEUU desestimar la acusación penal contra el presidente de Venezuela argumentando su condición de "jefe de Estado de facto" y la inmunidad soberana de sus actos oficiales.
Las mociones presentadas ante el tribunal argumentan que EEUU carece de jurisdicción. Pollack solicitó el cierre definitivo del caso o, en su defecto, retirar el cargo de conspiración por narcoterrorismo, al sostener que imputa a un extranjero por conductas fuera de territorio estadounidense sin demostrar intención de daño.
La Fiscalía tendrá plazo hasta el 2 de octubre para responder a los planteos de la defensa.