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En una medida drástica que apunta a frenar la grave escasez de diésel y gasolina que paraliza al país, el Gobierno de Bolivia dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La acción se ejecutó en las oficinas centrales de La Paz tan solo un día después de haber tomado el control de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Con esta maniobra, la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira busca cerrar el cerco sobre toda la cadena logística de los carburantes para garantizar el suministro a la población.
La intervención de la ANH se oficializó mediante el Decreto Supremo 5699, el cual establece una medida extraordinaria y temporal de hasta 180 días prorrogable por 90 más. La norma faculta a una "Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria", integrada por los ministerios de Hidrocarburos, Desarrollo Productivo y Obras Públicas, junto con el Viceministerio de Transparencia, a auditar la estructura, fiscalizar al personal e identificar responsabilidades administrativas o penales por posibles anomalías del pasado.
El operativo responde a serias irregularidades detectadas en el trayecto que recorren los combustibles. Mientras YPFB se encarga de la importación, almacenamiento y despacho, la ANH debe fiscalizar el traslado de las cisternas hasta las estaciones de servicio. Sin embargo, las autoridades denunciaron la ruptura intencional de los sistemas de información entre las plantas y los surtidores, la carga de cisternas con volúmenes superiores a su capacidad registrada y la alteración del sistema de geolocalización de los camiones para modificar sus rutas de entrega.
"Malos manejos"
Según el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, los "malos manejos" y la "burocracia" han sido causas centrales del desabastecimiento. La reestructuración busca que YPFB retome su "rol natural" centrado en la exploración y refinado, dejando paulatinamente la comercialización.
Actualmente, Bolivia importa el 60% de la gasolina y el 95 % del diésel que consume, lo que representa un gasto semanal cercano a los 90 millones de dólares.
Esta estrategia intenta normalizar un suministro irregular desde 2024, que genera kilométricas filas de camiones en las gasolineras del país.