Desde que en la Constitución Nacional de 1853 Argentina adopta el federalismo se sucedieron innumerables cambios y reacomodamientos en la coparticipación federal de impuestos. En aquel primer sistema de reparto, se marcaron los tres niveles de autoridad recaudatoria: nación, provincias y municipios.
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Desde que en la Constitución Nacional de 1853 Argentina adopta el federalismo se sucedieron innumerables cambios y reacomodamientos en la coparticipación federal de impuestos. En aquel primer sistema de reparto, se marcaron los tres niveles de autoridad recaudatoria: nación, provincias y municipios.
Pero fue en 1935 cuando se instrumentó el primer sistema de coparticipación. Entonces la Nación se quedaba con el 82,5 de los recursos y las provincias con el 17,5%. Se corrigió recién en 1963 cuando se fijó el 58% para Nación y el 36% para las provincias quedando un 6% para la Capital Federal y entonces, se creó el fondo para anticipos del Tesoro Nacional, los famosos ATN que crecieron exponencialmente alimentando la discrecionalidad de Casa Rosada como otro elemento de auxilio y a la vez de sometimiento de los estados federales.
Otro salto en el tiempo depositó al país en 1988, cuando durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se sanciona la ley 23.548. Era un régimen “transitorio” que surgió como res‑ puesta a las demandas de las provincias que requerían mayores pre‑ supuestos.
El principal objetivo de la norma era eliminar las enormes asimetrías regionales que siguen existiendo en Argentina. De cada 100 pesos que percibe el país por impuestos, 80 provienen de Nación, 15 de las provincias y 5 de los municipios. Sin embargo, el gasto y la inversión están descentralizados en las 23 provincias, la Ciudad y los más de 2.500 municipios siempre tienen necesidades por encima de lo que recaudan.
Desde entonces, en líneas generales estos son los porcentajes de distribución vigentes: Buenos Aires: 19,93; Santa Fe: 9,28; Córdoba: 9,22; Chaco: 5,18; Entre Ríos: 5,07; Mendoza: 4,33; Santiago del Estero: 4,29; Tucumán: 4,94; Salta: 3,98; Santa Cruz: 1,38; San Luis: 2,37; San Juan: 3,51; Río Negro: 2,62; Neuquén: 1,54; Misiones: 3,43; La Rioja: 2,15; La Pampa: 1,99; Jujuy: 2,95; Formosa: 3,78; Corrientes: 3,86; Cata‑ marca: 2,86 y Chubut: 1,38.
Durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, hubo pactos que tuvieron cierta influencia en la asignación de recursos. Paralelamente, a las provincias se les garantizó un piso mínimo de recursos de la coparticipación, independiente de la recaudación.
Así se llegó a 1994, año de la reforma de la Constitución Nacional, que fijó entre las necesidades más imperiosas sancionar una nueva Ley de Coparticipación: esa Carta Magna determinó que se debía establecer un nuevo régimen “antes de la finalización del año 1996” pero al día de hoy, la política no quiso no pudo o no supo dictarlo, y se distorsionó cada año más todo el sistema de repartición de impuestos entre la Nación y las provincias.
Hoy las condiciones para reformar el régimen vuelven casi imposible que se apruebe la ley: todas las provincias tienen que acordar la nueva repartición de recursos y algunas tendrían que resignar fondos. Y la Nación mucho más. En el 2020 en plena pandemia el presidente Alberto Fernández crea el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, mediante una millonaria reducción de los recursos a su “querido amigo Horacio” (Rodríguez Larreta), jefe de la Caba y se los otorga a la administración de Axel Kicillof para financiar sus gastos. Judicializada la cuestión, la Corte Suprema ordenó a Alberto Fernández que devuelva los fondos a la Ciudad, pero el presidente se reunió con 14 gobernadores (10 en forma presencial y 4 conectados por zoom) y acordaron no acatar el fallo de la Corte Suprema. “Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”, dijo AAF.
La estrafalaria decisión (no es la única en la historia nacional) embistió directamente contra la Constitución Nacional y la seguridad jurídica del país. Este año, 2024, con Javier Milei en la Casa Rosada y un abanico de desconcertados gobernadores de provincia, se volvió a plantear el escándalo de la distribución de recursos. Quizás, del pandemonio político y económico, la clase política recuerde aquel añejo mandato constitucional y decida avanzar en una ley equilibrada, lo más justa posible, solidaria y moderna, para regular la Coparticipación Federal de Impuestos. Sería un gigante salto de calidad en la vida institucional de la Argentina.