El Concejo Deliberante de La Quiaca suspendió ayer a los ediles María Ester Laime y Sergio Gorena, quienes están acusados de recibir una suma de dinero para habilitar una agencia de remises en la ciudad fronteriza durante la anterior gestión en ese municipio.
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El Concejo Deliberante de La Quiaca suspendió ayer a los ediles María Ester Laime y Sergio Gorena, quienes están acusados de recibir una suma de dinero para habilitar una agencia de remises en la ciudad fronteriza durante la anterior gestión en ese municipio.
Mediante Resolución 122/2024, conforme a las facultades conferidas por la Ley Orgánica y el Reglamento Interno, la presidenta del Concejo quiaqueño, Trinidad Taboada, convocó a una sesión extraordinaria para la víspera, con la finalidad de dar ingreso al proyecto de resolución del Expediente 8611 letra D, presentado el 21 de diciembre último por el exconcejal Raúl Oscar Aparicio, junto a la firma de 134 ciudadanos y el acompañamiento de varios concejales.
El mismo se refería al pedido de suspensión provisoria en sus funciones de los concejales Laime y Gorena, basado en una reunión mantenida en el año 2022 entre el exintendente de ese municipio, Blas Gallardo, los mencionados ediles, el exsecretario de Gobierno, Hugo Chavarría, junto a un grupo de ciudadanos. En dicha reunión los mencionados funcionarios habrían recibido de estas personas, el pago de una suma de dinero, indeterminada, con el objeto de evadir el proceso de adjudicación y concesión de licencias del transporte alternativo de La Quiaca, prevista en la Ordenanza 06/2016 (licitación pública), y a cambio de dicha entrega de dinero se habría habilitado una base de remises con licencias.
Este hecho fue puesto en evidencia a través de un audio de WhatsApp, el que se difundió a la ciudadanía.
Según se informó, los concejales valoraron que Laime, en la sesión de ayer, manifestó que era su deseo no entorpecer el accionar de la justicia, reconociendo no solo la celebración de la reunión, sino también los términos del audio y por ende, la entrega de una base de remises a cambio del pago de una suma de dinero de los beneficiarios.
Los demás concejales remarcaron la gravedad de los hechos denunciados y que los mismos se encuentran en franca violación a los principios básicos de la Constitución provincial, Ley Orgánica y Reglamento Interno, más allá de la tipificación del delito penal de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Asimismo, manifestaron que en cumplimiento de lo que establece la Carta Magna provincial, presidencia del Concejo Deliberante procedió a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación y la Fiscalía de Delitos Económicos en contra de la Administración Pública, la que giran bajo el número preventivo 177519/24, por el hecho.
Los ediles, según un comunicado del Concejo, también consideraron que los suspendidos podrían entorpecer la investigación, tanto penal como administrativa, mediante el ocultamiento de pruebas, en tanto que el concejal Walter Escalante subrayó que la gravedad de los hechos denunciados justificaba un tratamiento urgente del proyecto de resolución y la necesidad de dar respuesta a la población desde el cuerpo legislativo.
Finalmente, se solicitó la conformación de una comisión de investigación a fin de reunir las pruebas necesarias y aportarlas a la justicia.
El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad por los concejales presentes, suspendiendo a Laime y Gorena por los artículos 126 y 222 del Reglamento Interno, decisión que se remitirá al Ejecutivo municipal.