La presidente de Chile, Michelle Bachelet, endosó al próximo Congreso la prometida reforma de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, al carecer del apoyo parlamentario necesario y en medio de una bajísima popularidad.
Bachelet, que enfrenta un nivel de aceptacion en torno al 22%, el más bajo de sus dos administraciones, anunció el martes por la noche en un mensaje a la nación que a fines del próximo año enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Constitución para que éste decida "los procedimientos" para dictar un nuevo texto. En el cronograma que trazó Bachelet, será el próximo Congreso y su sucesor en la presidencia, que serán elegidos en 2017, los que deberán concretar la definición de la fórmula que se utilizará para aprobar la nueva Carta Magna.
Esta decisión de la presidente socialista privilegia la vía institucional, desechando en principio la opción de convocar una Asamblea Constituyente, algo que nunca aceptaría la derecha del país cuyos votos son necesarios para reformar la Carta Magna, reconoce el politólogo Mauricio Morales, de la Universidad "Diego Portales".
La actual Constitución, redactada por la dictadura de Pinochet y ratificada en un cuestionado plebiscito en 1980, no contempla mecanismos para elaborar una nueva Carta Fundamental.
La mandataria barajó los siguientes caminos: Una comisión bicameral de senadores y diputados; una convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, una Asamblea Constituyente, o dejar en manos de los ciudadanos por cuál de las tres alternativas anteriores se decantan. La decisión no será fácil porque se necesitan tres quintos de los votos en el Congreso para definir una opción.
La Constitución actual, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), reduce la labor del Estado a mínimos imprescindibles, como la administración de justicia, dejando en manos privadas servicios como la educación, la salud y sobre todo las pensiones.
La reforma constitucional fue una de las grandes promesas de la presidente durante su última campaña, junto a la reforma educativa y fiscal. "Fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría, por eso hay que cambiarla".
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La presidente de Chile, Michelle Bachelet, endosó al próximo Congreso la prometida reforma de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, al carecer del apoyo parlamentario necesario y en medio de una bajísima popularidad.
Bachelet, que enfrenta un nivel de aceptacion en torno al 22%, el más bajo de sus dos administraciones, anunció el martes por la noche en un mensaje a la nación que a fines del próximo año enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Constitución para que éste decida "los procedimientos" para dictar un nuevo texto. En el cronograma que trazó Bachelet, será el próximo Congreso y su sucesor en la presidencia, que serán elegidos en 2017, los que deberán concretar la definición de la fórmula que se utilizará para aprobar la nueva Carta Magna.
Esta decisión de la presidente socialista privilegia la vía institucional, desechando en principio la opción de convocar una Asamblea Constituyente, algo que nunca aceptaría la derecha del país cuyos votos son necesarios para reformar la Carta Magna, reconoce el politólogo Mauricio Morales, de la Universidad "Diego Portales".
La actual Constitución, redactada por la dictadura de Pinochet y ratificada en un cuestionado plebiscito en 1980, no contempla mecanismos para elaborar una nueva Carta Fundamental.
La mandataria barajó los siguientes caminos: Una comisión bicameral de senadores y diputados; una convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, una Asamblea Constituyente, o dejar en manos de los ciudadanos por cuál de las tres alternativas anteriores se decantan. La decisión no será fácil porque se necesitan tres quintos de los votos en el Congreso para definir una opción.
La Constitución actual, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), reduce la labor del Estado a mínimos imprescindibles, como la administración de justicia, dejando en manos privadas servicios como la educación, la salud y sobre todo las pensiones.
La reforma constitucional fue una de las grandes promesas de la presidente durante su última campaña, junto a la reforma educativa y fiscal. "Fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría, por eso hay que cambiarla".