La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció ayer una reforma de gabinete que busca fortalecer su apoyo en el Congreso y alejar el fantasma de un "impeachment" o juicio político.
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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció ayer una reforma de gabinete que busca fortalecer su apoyo en el Congreso y alejar el fantasma de un "impeachment" o juicio político.
La gobernabilidad se convirtió en una prioridad para la mandataria, que tiene apenas un apoyo de 10% de la ciudadanía y está asfixiada por una recesión económica en momentos en que su Partido de los Trabajadores (PT) es ametrallado por denuncias de corrupción en Petrobras.
"Precisamos estabilidad política. Por eso, esta reforma tiene un propósito: actualizar la base política del gobierno buscando una mayoría que amplíe nuestra gobernabilidad", dijo Rousseff en un acto en Brasilia.
"Los gobiernos de coalición necesitan de apoyo en el Congreso. Vivimos en una democracia. Es con el Congreso elegido por el pueblo brasileño que mi gobierno tiene que dialogar para la aprobación de medidas y leyes que aceleren la salida de la crisis. Necesitamos colocar los intereses del país por encima de los intereses partidarios", añadió la presidenta en su mensaje.
La modificación elimina ocho de los 39 ministerios actuales y le entrega la cartera de Salud, la de mayor presupuesto del Estado, al diputado Marcelo Castro del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb), principal socio del PT en el parlamento. Con este cambio, esa fuerza pasará a administrar siete áreas de gobierno, una más de las que tenía, incluida la de Ciencia y Tecnología, que quedará en manos del diputado Celso Pansera.
Además, la maquinaria pública perderá 30 secretarías nacionales y 3.000 puestos de asesoría pública estatal. Los cambios incluyen además un recorte de 10% en el salario de los ministros.
Como parte de la reestructuración, Rousseff también anunció el nombramiento como nuevo jefe de gabinete de Jaques Wagner, un histórico del PT que conducía Defensa y es muy cercano a Lula.
Rousseff fue acusada de usar recursos públicos para su campaña y solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, algo que está prohibido por ley.