El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó ayer un cuadernillo con aportes para el debate legislativo sobre derechos sexuales y reproductivos, en el que apuntan a la falta de legislación sobre acceso al aborto y las prácticas que "lucran con la vida" de las mujeres.
"Este trabajo pone a las historias de miles de mujeres que debieron recurrir a la clandestinidad de la práctica, un marco de derechos humanos, porque el Estado debe garantizar, en tribunales, desde el Poder Legislativo y en las política públicas, el acceso al derecho", explicó Gastón Chillier, director ejecutivo de la organización.
El documento compila recomendaciones y sentencias internacionales, fallos de la Corte Suprema de Justicia argentina y otros argumentos con los que intentan sostener que las "restricciones a los derechos sexuales y reproductivos son una violación a otros derechos de las mujeres". "Incorporamos a la agenda del Cels este tema desde el 2010. La despenalización del aborto no es un tema marginal, siempre es tiempo para hablarlo, por eso interpelamos al Poder Legislativo, les damos argumentos para el debate", señaló Lourdes Bascary, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la entidad.
"La clandestinidad impulsa un mercado millonario, porque lo que cobran quienes hacen los abortos lo hacen con tarifas dispares. Lo mismo ocurre con la venta de misoprostol, el medicamento que permite realizar la práctica, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que se está vendiendo a más de 1.200 pesos el blister de 6 pastillas", agregó.
Entre las otras razones identificadas por la organización social para legalizar la práctica se incluyó que la penalización violaría derechos de las mujeres, las induce a recurrir a métodos inseguros que afectan su salud, aumenta la mortalidad femenina y tiene un impacto diferenciado en las de escasos recursos y jóvenes.
El material fue recopilado por la abogada Felicitas Rossi, quien recordó que la Corte Suprema emitió un fallo el 13 de marzo de 2012 dejando en claro que los abortos no son punibles en caso de violación y que no debe judicializarse en estos casos.
A partir de esa decisión judicial, se pusieron en marcha protocolos de asistencia ante estas situaciones, "que se aplican con distintas características según las provincias".
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El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó ayer un cuadernillo con aportes para el debate legislativo sobre derechos sexuales y reproductivos, en el que apuntan a la falta de legislación sobre acceso al aborto y las prácticas que "lucran con la vida" de las mujeres.
"Este trabajo pone a las historias de miles de mujeres que debieron recurrir a la clandestinidad de la práctica, un marco de derechos humanos, porque el Estado debe garantizar, en tribunales, desde el Poder Legislativo y en las política públicas, el acceso al derecho", explicó Gastón Chillier, director ejecutivo de la organización.
El documento compila recomendaciones y sentencias internacionales, fallos de la Corte Suprema de Justicia argentina y otros argumentos con los que intentan sostener que las "restricciones a los derechos sexuales y reproductivos son una violación a otros derechos de las mujeres". "Incorporamos a la agenda del Cels este tema desde el 2010. La despenalización del aborto no es un tema marginal, siempre es tiempo para hablarlo, por eso interpelamos al Poder Legislativo, les damos argumentos para el debate", señaló Lourdes Bascary, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la entidad.
"La clandestinidad impulsa un mercado millonario, porque lo que cobran quienes hacen los abortos lo hacen con tarifas dispares. Lo mismo ocurre con la venta de misoprostol, el medicamento que permite realizar la práctica, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que se está vendiendo a más de 1.200 pesos el blister de 6 pastillas", agregó.
Entre las otras razones identificadas por la organización social para legalizar la práctica se incluyó que la penalización violaría derechos de las mujeres, las induce a recurrir a métodos inseguros que afectan su salud, aumenta la mortalidad femenina y tiene un impacto diferenciado en las de escasos recursos y jóvenes.
El material fue recopilado por la abogada Felicitas Rossi, quien recordó que la Corte Suprema emitió un fallo el 13 de marzo de 2012 dejando en claro que los abortos no son punibles en caso de violación y que no debe judicializarse en estos casos.
A partir de esa decisión judicial, se pusieron en marcha protocolos de asistencia ante estas situaciones, "que se aplican con distintas características según las provincias".