Familiares de varios extranjeros condenados a la pena capital en Indonesia, entre ellos un brasileño, se despidieron ayer de los reos, antes de su ejecución prevista para ayer pese a las presiones internacionales para evitar su muerte.
El fiscal general de Indonesia, Muhammad Prasetyo, confirmó que los presos condenados por narcotráfico, incluido el brasileño Rodrigo Gularte, serían ejecutados, informó el canal de televisión GMA.
Dos australianos, una filipina y cuatro nigerianos, así como el brasileño y un indonesio, integran el grupo, todos ellos condenados por tráfico de drogas. Varias ambulancias cargadas con féretros blancos vacíos ya se hallaban ayer en la prisión.
"No lo volveré a ver. Se lo llevarán a medianoche y lo fusilarán", dijo a la prensa Raji Sukumaran, madre del australiano Myuran Sukumaran, de 34 años.
Los condenados recibieron la notificación de la ejecución a última hora del sábado, con un preaviso de al menos 72 horas. Los fusilamientos tienen lugar habitualmente poco después de medianoche.
Los medios australianos publicaron fotografías de cruces mortuorias destinadas a los féretros de los condenados, con fecha del 29-04-2015.
El preso brasileño es Rodrigo Gularte, de 42 años, detenido en 2004 al tratar de entrar en el aeropuerto de Yakarta con seis kilos de cocaína escondidos en tablas de surf. Su familia ha presentando varios informes médicos para demostrar que sufre esquizofrenia y que, por tanto, no debería ser ejecutado. Otro brasileño, Marco Archer, fue ejecutado en enero por narcotráfico.
También condenado a muerte por tráfico de drogas, era el francés Serge Atlaoui, de 51 años, quien fue retirado este fin de semana de la lista de ejecuciones inminentes debido a un recurso judicial. Pero el vocero del fiscal general indonesio, Tony Spontana, reafirmó ayer que en caso de que se rechace el recurso, Atlaoui será ejecutado solo y que las autoridades "no esperarán mucho".
El presidente indonesio, Joko Widodo, intransigente sobre la aplicación de la pena de muerte por tráfico de estupefacientes, hizo oídos sordos a los llamamientos de clemencia y a las presiones internacionales.
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Familiares de varios extranjeros condenados a la pena capital en Indonesia, entre ellos un brasileño, se despidieron ayer de los reos, antes de su ejecución prevista para ayer pese a las presiones internacionales para evitar su muerte.
El fiscal general de Indonesia, Muhammad Prasetyo, confirmó que los presos condenados por narcotráfico, incluido el brasileño Rodrigo Gularte, serían ejecutados, informó el canal de televisión GMA.
Dos australianos, una filipina y cuatro nigerianos, así como el brasileño y un indonesio, integran el grupo, todos ellos condenados por tráfico de drogas. Varias ambulancias cargadas con féretros blancos vacíos ya se hallaban ayer en la prisión.
"No lo volveré a ver. Se lo llevarán a medianoche y lo fusilarán", dijo a la prensa Raji Sukumaran, madre del australiano Myuran Sukumaran, de 34 años.
Los condenados recibieron la notificación de la ejecución a última hora del sábado, con un preaviso de al menos 72 horas. Los fusilamientos tienen lugar habitualmente poco después de medianoche.
Los medios australianos publicaron fotografías de cruces mortuorias destinadas a los féretros de los condenados, con fecha del 29-04-2015.
El preso brasileño es Rodrigo Gularte, de 42 años, detenido en 2004 al tratar de entrar en el aeropuerto de Yakarta con seis kilos de cocaína escondidos en tablas de surf. Su familia ha presentando varios informes médicos para demostrar que sufre esquizofrenia y que, por tanto, no debería ser ejecutado. Otro brasileño, Marco Archer, fue ejecutado en enero por narcotráfico.
También condenado a muerte por tráfico de drogas, era el francés Serge Atlaoui, de 51 años, quien fue retirado este fin de semana de la lista de ejecuciones inminentes debido a un recurso judicial. Pero el vocero del fiscal general indonesio, Tony Spontana, reafirmó ayer que en caso de que se rechace el recurso, Atlaoui será ejecutado solo y que las autoridades "no esperarán mucho".
El presidente indonesio, Joko Widodo, intransigente sobre la aplicación de la pena de muerte por tráfico de estupefacientes, hizo oídos sordos a los llamamientos de clemencia y a las presiones internacionales.