El Gobierno nacional suma enemigos

El estancamiento generalizado de las negociaciones salariales y el congelamiento de cualquier cambio en el impuesto a las Ganancias le sumó al Gobierno nuevos enemigos con capacidad de daño, cuando parecía contener los reclamos gremiales y llevar calma a los empresarios.

Es que, al mismo tiempo que las autoridades lograron convencer a los metalúrgicos que dejaran en suspenso el paro de 36 horas y a los empleados de comercio de estirar la negociación, los aceiteros y los bancarios patearon el tablero al anunciar medidas de fuerza.

Desde la hora cero de ayer, los gremios nucleados en la CGT San Lorenzo realizaron una protesta con cortes de ruta que busca paralizar las actividades portuarias del polo exportador de Rosario, luego de hacer este miércoles un quite de colaboración, mientras que la Bancaria resolvió realizar asambleas y un paro en las próximas dos semanas.

Los gremios reclaman compensar la pérdida de poder adquisitivo y aliviar la presión impositiva sobre los ingresos, dos puntos que en el último tiempo se convirtieron en los principales motivos de cuestionamiento al Ejecutivo, al que acusan de ejercer presiones para que los incrementos queden por debajo del 30% y defender a rajatabla Ganancias con fines puramente recaudatorios.

Sucede que los reclamos sindicales siguen alejados de la pauta prevista por las autoridades. Para este año, la propuesta de la central santafesina es llevar el salario mínimo a $14.931, lo cual representa un aumento del 42 por ciento. Pero la cámara aceitera se negó y ofreció un incremento de 24 puntos, que fue considerado insuficiente por los gremios.

En tanto, los bancarios piden un aumento del 33% y una compensación por los descuentos impositivos, que llevaría el reclamo al 38%, mientras que las entidades financieras ofrecen una suma "puente" de $2.200 para este mes, tal como lo hicieron durante el primer trimestre, y a futuro un incremento del 20%.

Por ello, el sindicato resolvió en un plenario de secretarios generales la realización de asambleas el miércoles 6 y jueves 7 en todo el país durante las dos últimas horas de atención al público con interrupción de tareas, y un paro total de actividades por 24 horas en fecha a determinar para la semana del 11 al 15 de mayo, con concurrencia a los lugares de trabajo y movilizaciones en todas las seccionales.

Así las cosas, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tendrá tiempo hasta la reunión del próximo martes en la cartera laboral, dónde continuará la paritaria bancaria, para intentar desactivar las medidas de fuerza, tal como lo hizo este miércoles con la Unión Obrera Metalúrgica, que decidió una vez más posponer la medida de fuerza de 36 horas tras el fracaso de las negociaciones con las cámaras de la actividad que ofrecieron una suba del 24%, lejos del 32% que exige el sindicalista Antonio Caló.

El estancamiento generalizado de las negociaciones salariales y el congelamiento de cualquier cambio en el impuesto a las Ganancias le sumó al Gobierno nuevos enemigos con capacidad de daño, cuando parecía contener los reclamos gremiales y llevar calma a los empresarios.

Es que, al mismo tiempo que las autoridades lograron convencer a los metalúrgicos que dejaran en suspenso el paro de 36 horas y a los empleados de comercio de estirar la negociación, los aceiteros y los bancarios patearon el tablero al anunciar medidas de fuerza.

Desde la hora cero de ayer, los gremios nucleados en la CGT San Lorenzo realizaron una protesta con cortes de ruta que busca paralizar las actividades portuarias del polo exportador de Rosario, luego de hacer este miércoles un quite de colaboración, mientras que la Bancaria resolvió realizar asambleas y un paro en las próximas dos semanas.

Los gremios reclaman compensar la pérdida de poder adquisitivo y aliviar la presión impositiva sobre los ingresos, dos puntos que en el último tiempo se convirtieron en los principales motivos de cuestionamiento al Ejecutivo, al que acusan de ejercer presiones para que los incrementos queden por debajo del 30% y defender a rajatabla Ganancias con fines puramente recaudatorios.

Sucede que los reclamos sindicales siguen alejados de la pauta prevista por las autoridades. Para este año, la propuesta de la central santafesina es llevar el salario mínimo a $14.931, lo cual representa un aumento del 42 por ciento. Pero la cámara aceitera se negó y ofreció un incremento de 24 puntos, que fue considerado insuficiente por los gremios.

En tanto, los bancarios piden un aumento del 33% y una compensación por los descuentos impositivos, que llevaría el reclamo al 38%, mientras que las entidades financieras ofrecen una suma "puente" de $2.200 para este mes, tal como lo hicieron durante el primer trimestre, y a futuro un incremento del 20%.

Por ello, el sindicato resolvió en un plenario de secretarios generales la realización de asambleas el miércoles 6 y jueves 7 en todo el país durante las dos últimas horas de atención al público con interrupción de tareas, y un paro total de actividades por 24 horas en fecha a determinar para la semana del 11 al 15 de mayo, con concurrencia a los lugares de trabajo y movilizaciones en todas las seccionales.

Así las cosas, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tendrá tiempo hasta la reunión del próximo martes en la cartera laboral, dónde continuará la paritaria bancaria, para intentar desactivar las medidas de fuerza, tal como lo hizo este miércoles con la Unión Obrera Metalúrgica, que decidió una vez más posponer la medida de fuerza de 36 horas tras el fracaso de las negociaciones con las cámaras de la actividad que ofrecieron una suba del 24%, lejos del 32% que exige el sindicalista Antonio Caló.