Un fiscal de La Matanza pidió ayer que se condene a 10 años de prisión al expolicía bonaerense Julio Diego Torales por haber torturado en 2008, en el destacamento de Lomas del Mirador, al adolescente Luciano Arruga, quien desapareció cuatro meses después de estar detenido y cuyo cadáver fue hallado recién en 2014.
La solicitud fue formulada por el fiscal José Luis Longobardi durante los alegatos del juicio que realiza el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 del mencionado departamento judicial, el cual dará a conocer su veredicto el viernes próximo a las 12.
En tanto, los abogados Juan Manuel Combi y Maximiliano Medina, representantes de la familia de Arruga, solicitaron una pena de 16 años de cárcel por el mismo delito, y la defensa de Torales la absolución al negar que Arruga haya sufrido torturas.
El primero en realizar su exposición fue el fiscal Longobardi, quien sostuvo que en el juicio se pudo acreditar que "el 22 de septiembre de 2008, entre las 11 y las 19.40, en el destacamento de Lomas del Mirador, Luciano Arruga estaba alojado y sufrió agresiones físicas y psíquicas, y recibió una brutal golpiza y amenazas". Ante una sala colmada de público y con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, el representante del Ministerio Público dio por probado que "lo amenazaron con que lo iban a llevar al pabellón de los "violines', lo degradaron, lo humillaron y le dieron un sándwich salivado que lo obligaron a comer". Para el fiscal, además de Torales, hubo otros dos policías que torturaron a Arruga, pero hasta el momento no pudieron ser identificados.
"Mi cliente no es Videla ni Pinochet, es un señor trabajador y no hay elementos que acrediten su participación", dijo la defensa. "Mi cliente no es Videla ni Pinochet, es un señor trabajador y no hay elementos que acrediten su participación", dijo la defensa.
Acerca del "elenco probatorio", señaló que "el principal fue Luciano Arruga porque nos marcó el camino hacia la verdad, tuvo que vencer miedos y su propia muerte".
"Nos habló a través de su madre (Mónica Alegre), que no dio vestigios de venganza ni de odio, y otra vez Luciano volvió a hablar a través de la hermana (Vanesa Orieta), que declaró que le dijo que lo sacaran de ahí porque le estaban pegando", afirmó Longobardi.
Mientras las dos mujeres lo escuchaban desde sus asientos, el fiscal destacó que "en sus testimonios no hay fisuras ni contradicciones" y "la madre estoicamente hizo lo que tenía que hacer, buscar el DNI de él" para que luego de estar detenido, lo dejaran irse en libertad.
Acerca de las heridas sufridas por Arruga, el representante del Ministerio Público hizo hincapié en que la médica que lo vio al llegar al destacamento certificó que no tenía lesiones, pero otro profesional del Policlínico de San Justo que lo revisó al salir estableció que tenía un golpe en la cara. "No importa lo que haya hecho, ni a un miembro del ISIS se le puede hacer lo que le hicieron a él, un Estado de Derecho no puede permitir que a un ciudadano se le pegue", enfatizó.
Finalmente, consideró como un atenuante la falta de antecedentes de Torales, y agravantes la condición de menor de Arruga y que estaba en inferioridad de condiciones ante tres policías. A su turno, los abogados del particular damnificado, Combi y Medina, coincidieron en general con el fiscal. "Las lesiones se produjeron en el destacamento, los golpes están acreditados y todo fue acompañado por la humillación, las amenazas y el destrato. Todo eso le generó miedo y el cambio de actitud a partir de esta golpiza", dijo Combi, en alusión a que Arruga se volvió triste, no salía a la calle y no trabajaba tras ser torturado. "Le quebraron la vida", remarcó el letrado

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