La jueza que investiga el crimen de Agustín Marrero, el niño de 5 años que hace tres meses murió al recibir una paliza en su casa del barrio porteño de Flores, elevó la causa a juicio oral, luego de que el padrastro y la madre de la víctima no solicitaran ser sobreseídos en el expediente.
Fuentes judiciales informaron ayer a Télam que la medida fue adoptada por la jueza de Instrucción Silvia Ramond, quien considera que por el momento sólo hay elementos para imputar por el homicidio al padrastro del nene, Leandro Sarli (33) y a su madre, Bárbara González Bonorino (30).
En su resolución, a la que accedió Télam, la magistrada declaró clausurada la instrucción y remitió el sumario al tribunal oral que, por sorteo intervendrá en el debate.
Ramond remarcó que adoptó la decisión después que "las defensas no dedujeron excepciones, ni se opusieron a la elevación a juicio instando sus sobreseimientos".
No obstante, la jueza dijo que la defensora oficial Agustina Stabile Vázquez, que representa a la madre del chico, "pretende, sin argumentos sólidos, colocar a su defendida en el rol de víctima".
"Sin embargo, llaman poderosamente la atención las menciones de aquella defensora oficial que, al margen de parecer encontrarse en desacuerdo con la elevación a juicio de las actuaciones, lo cual pudiera resultar lógico a partir de su rol en el proceso, no utilizó el mecanismo procesal pertinente que la facultaba a oponerse o presentar excepciones", afirmó Ramond.
Agregó que lejos de todo tipo de "destrato institucional" denunciado por la defensora, González Bonorino "goza de libertad provisoria e incluso se la autorizó en más de una oportunidad a su salida de la ciudad".
Consultado sobre la elevación de la causa a juicio, el abogado del padre biológico de Agustín, Andrés Bonicalzi, dijo a Télam que "resulta llamativo que ni Sarli ni Bonorino se hayan opuesto" a la medida.
"Se defendieron en los medios de comunicación, pero se olvidaron de hacerlo en el marco de la causa", consideró el letrado, ya que la madre del niño aseguró el martes que nunca pensó que Sarli le pegaba al nene y explicó que ella era víctima de violencia de género.
Bonicalzi representa a Marcos Marrero, quien vivía en Villa Gesell al momento del crimen y es el único que fue aceptado como querellante en la investigación. El abogado recordó que "el papá de Agustín no fue imputado".
No obstante, adelantó que presentará en la causa las denuncias de impedimento de contacto con su hijo, las cuales -a su entender- "dan cuenta de la imposibilidad que tuvo Marcos de advertir cabalmente lo que sucedía en esa casa".
Sarli, actualmente detenido en la cárcel de Marcos Paz, está procesado por "homicidio agravado por haber sido cometido por alevosía y ensañamiento", que prevé una pena de prisión perpetua.
En el caso de González Bonorino, quien se encuentra con una eximición de prisión confirmada por la Cámara en julio, se le atribuye "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido por alevosía y ensañamiento", en carácter de "omisión", que tiene igual pena.
Subsidiariamente, el fiscal de la causa, Sandro Abraldes, consideró que a la madre se la puede acusar por "abandono de persona agravado por haber resultado la muerte y por haber sido cometido en su calidad de madre contra su hijo", cuya pena máxima puede alcanzar los 20 años de prisión.
Era víctima de "maltrato infantil"
El hecho ocurrió el 7 de junio pasado, entre las 10 y las 15, cuando Agustín estaba bajo el cuidado de su padrastro en el departamento de la planta baja "3" de Yerbal 2745, en Flores, donde la pareja y los dos hijos de ella convivían desde diciembre de 2014.
Para el fiscal, Sarli emprendió "una nueva y feroz agresión" contra Agustín, quien según las constancias de la causa venía padeciendo "sistemáticos episodios de maltrato infantil".
Abraldes resaltó como antecedente un episodio ocurrido en marzo, en el que Sarli agredió al nene y le provocó la caída de tres dientes. El fiscal requirió que se investigue la responsabilidad penal del padre, la niñera, la maestra y la directora del jardín al que iba el nene y de cinco vecinos por haber omitido denunciar que el niño era golpeado, pero la jueza rechazó ese pedido.
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La jueza que investiga el crimen de Agustín Marrero, el niño de 5 años que hace tres meses murió al recibir una paliza en su casa del barrio porteño de Flores, elevó la causa a juicio oral, luego de que el padrastro y la madre de la víctima no solicitaran ser sobreseídos en el expediente.
Fuentes judiciales informaron ayer a Télam que la medida fue adoptada por la jueza de Instrucción Silvia Ramond, quien considera que por el momento sólo hay elementos para imputar por el homicidio al padrastro del nene, Leandro Sarli (33) y a su madre, Bárbara González Bonorino (30).
En su resolución, a la que accedió Télam, la magistrada declaró clausurada la instrucción y remitió el sumario al tribunal oral que, por sorteo intervendrá en el debate.
Ramond remarcó que adoptó la decisión después que "las defensas no dedujeron excepciones, ni se opusieron a la elevación a juicio instando sus sobreseimientos".
No obstante, la jueza dijo que la defensora oficial Agustina Stabile Vázquez, que representa a la madre del chico, "pretende, sin argumentos sólidos, colocar a su defendida en el rol de víctima".
"Sin embargo, llaman poderosamente la atención las menciones de aquella defensora oficial que, al margen de parecer encontrarse en desacuerdo con la elevación a juicio de las actuaciones, lo cual pudiera resultar lógico a partir de su rol en el proceso, no utilizó el mecanismo procesal pertinente que la facultaba a oponerse o presentar excepciones", afirmó Ramond.
Agregó que lejos de todo tipo de "destrato institucional" denunciado por la defensora, González Bonorino "goza de libertad provisoria e incluso se la autorizó en más de una oportunidad a su salida de la ciudad".
Consultado sobre la elevación de la causa a juicio, el abogado del padre biológico de Agustín, Andrés Bonicalzi, dijo a Télam que "resulta llamativo que ni Sarli ni Bonorino se hayan opuesto" a la medida.
"Se defendieron en los medios de comunicación, pero se olvidaron de hacerlo en el marco de la causa", consideró el letrado, ya que la madre del niño aseguró el martes que nunca pensó que Sarli le pegaba al nene y explicó que ella era víctima de violencia de género.
Bonicalzi representa a Marcos Marrero, quien vivía en Villa Gesell al momento del crimen y es el único que fue aceptado como querellante en la investigación. El abogado recordó que "el papá de Agustín no fue imputado".
No obstante, adelantó que presentará en la causa las denuncias de impedimento de contacto con su hijo, las cuales -a su entender- "dan cuenta de la imposibilidad que tuvo Marcos de advertir cabalmente lo que sucedía en esa casa".
Sarli, actualmente detenido en la cárcel de Marcos Paz, está procesado por "homicidio agravado por haber sido cometido por alevosía y ensañamiento", que prevé una pena de prisión perpetua.
En el caso de González Bonorino, quien se encuentra con una eximición de prisión confirmada por la Cámara en julio, se le atribuye "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido por alevosía y ensañamiento", en carácter de "omisión", que tiene igual pena.
Subsidiariamente, el fiscal de la causa, Sandro Abraldes, consideró que a la madre se la puede acusar por "abandono de persona agravado por haber resultado la muerte y por haber sido cometido en su calidad de madre contra su hijo", cuya pena máxima puede alcanzar los 20 años de prisión.
Era víctima de "maltrato infantil"
El hecho ocurrió el 7 de junio pasado, entre las 10 y las 15, cuando Agustín estaba bajo el cuidado de su padrastro en el departamento de la planta baja "3" de Yerbal 2745, en Flores, donde la pareja y los dos hijos de ella convivían desde diciembre de 2014.
Para el fiscal, Sarli emprendió "una nueva y feroz agresión" contra Agustín, quien según las constancias de la causa venía padeciendo "sistemáticos episodios de maltrato infantil".
Abraldes resaltó como antecedente un episodio ocurrido en marzo, en el que Sarli agredió al nene y le provocó la caída de tres dientes. El fiscal requirió que se investigue la responsabilidad penal del padre, la niñera, la maestra y la directora del jardín al que iba el nene y de cinco vecinos por haber omitido denunciar que el niño era golpeado, pero la jueza rechazó ese pedido.