Diputados provinciales de la Unión Cívica Radical sostuvieron que recuperar la institucionalidad en Jujuy es el camino para que "todos podamos iniciar un proceso de transformación y desarrollo, de convivencia, paz social, que siente las bases para soñar con una provincia con oportunidades para todos".
Los legisladores fueron categóricos en afirmar que el 58% de los votos que cosechó el Frente Cambia Jujuy dieron por terminado el tiempo del "apriete y la extorsión" y que el apoyo popular legitima las medidas tomadas por el gobernador Gerardo Morales de transparentar los procedimientos para la adjudicación y ejecución de obras públicas, así como también la entrega de la ayuda social, dejando de lado el sistema clientelar y de intermediación que se quedaba con parte de los beneficios que debían ir a la gente.
"En Jujuy hay un solo gobierno, no va mas el gobierno paralelo", manifestaron, tras lo cual agregaron que nuestra provincia tiene un gobernador que no va a permitir condicionamientos de ningún sector violento, porque ejerce el poder "de cara al pueblo, mirándole a los ojos a la gente".
Disposiciones judiciales
Por otro lado indicaron ser respetuosos de lo disposiciones de la Justicia y consideraron que la detención de la dirigente kirchnerista Milagro Sala es por instigación a cometer delitos, tipificado en el artículo 209 del Código Penal, obstrucción al transporte público (artículo 194 del Código Penal) e impedir que se cumpla una medida de gobierno, como lo es el Plan de regularización y transparencia de cooperativas y beneficios sociales (artículo 230 del Código Penal).
Agregaron que Sala además acumula numerosas causas que la hacen responsable de cometer hechos de violencia de distinta índole, por lo tanto aclararon, que no se trata de una "presa política" sino que ella, en el marco garantías constitucionales, está respondiendo por delitos que cometió.
Los legisladores finalmente exhortaron a la gente que todavía continua en la plaza a que levanten el acampe, se retire a sus domicilios, bajo la garantía de que el Gobierno provincial garantiza la continuidad laboral, los beneficios sociales, avalado por un sistema transparente donde el beneficiado sea el trabajador y no unos "vivos" que se enriquezcan a costa de los más débiles.

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