La resolución del ministro deberá darse a publicidad en el Boletín Oficial y en el sitio web de la cartera, según consta en el Informe de Cierre de la audiencia.
El documento fue elevado al Ministro Juan José Aranguren y al interventor en el Enargas, David Tezanos González, por la gerente interina de Asuntos Legales del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), Marcela Paula Valdés, y el gerente de Recursos Humanos y Relaciones Internacionales del organismo, Claudio de la Puente.
El informe da cuenta de las exposiciones presentadas en el marco de la audiencia sobre los componentes de la tarifa del gas, así como el precio en el punto de ingreso al sistema de transporte (o en boca de pozo), de acuerdo con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia.
Las 159 páginas del documento resumen las presentaciones de las 430 personas que expusieron sus respectivas posiciones en nombre del gobierno nacional, las empresas transportistas y distribuidoras, las defensorías del pueblo, asociaciones de consumidores y legisladores, entre otros.
El informe está fechado el 29 de septiembre y precisa que deberá ser respondido "en un plazo no mayor de 30 días" de recibido por las autoridades.
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La resolución del ministro deberá darse a publicidad en el Boletín Oficial y en el sitio web de la cartera, según consta en el Informe de Cierre de la audiencia.
El documento fue elevado al Ministro Juan José Aranguren y al interventor en el Enargas, David Tezanos González, por la gerente interina de Asuntos Legales del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), Marcela Paula Valdés, y el gerente de Recursos Humanos y Relaciones Internacionales del organismo, Claudio de la Puente.
El informe da cuenta de las exposiciones presentadas en el marco de la audiencia sobre los componentes de la tarifa del gas, así como el precio en el punto de ingreso al sistema de transporte (o en boca de pozo), de acuerdo con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia.
Las 159 páginas del documento resumen las presentaciones de las 430 personas que expusieron sus respectivas posiciones en nombre del gobierno nacional, las empresas transportistas y distribuidoras, las defensorías del pueblo, asociaciones de consumidores y legisladores, entre otros.
El informe está fechado el 29 de septiembre y precisa que deberá ser respondido "en un plazo no mayor de 30 días" de recibido por las autoridades.