La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Milagro Sala y seguirá investigando a la líder de la agrupación Tupac Amaru en una causa por amenazas coactivas contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
La causa se inició por un hecho registrado en octubre de 2009, cuando militantes de Tupac Amaru realizaron un "escrache" contra Morales, entonces senador, y Leandro Despouy, quien estaba a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el marco de una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy sobre el manejo de fondos públicos por parte de organizaciones sociales.
El delito de amenazas tiene una pena máxima de dos años de prisión, pero, hace algo más de un mes, la Sala IV de la CFCP consideró que el ilícito a investigar es el de coacción (amedrentar para que se haga o no se haga algo), que conlleva un castigo de hasta cuatro años de cárcel.
Al decidir ese cambio, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky evaluaron que no había trascurrido el tiempo suficiente para declarar la prescripción de la causa en favor de Sala y otros dos dirigentes de Tupac Amaru, Ramón Gustavo Salvatierra y Mariela López.
La Sala IV consideró entonces que los derechos de los imputados habían sido respetados y que no hubo un retardo injustificado en la administración de justicia.
"El examen del caso revela que la calificación más gravosa (amenazas coactivas), encuentra razonable sustento en la base fáctica constitutiva del objeto de imputación en autos, sin que ello implique emitir un juicio de valor sobre el fondo de la cuestión analizada", remarcaron Hornos, Geminiani y Borinsky.
Sala está detenida desde hace 10 meses en el penal de Alto Comedero, en Jujuy, bajo cargos de asociación ilícita y fraude contra la administración pública, entre otros presuntos delitos.
La causa se inició por un hecho registrado en octubre de 2009, cuando militantes de Tupac Amaru realizaron un "escrache" contra Morales, entonces senador, y Leandro Despouy, quien estaba a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el marco de una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy sobre el manejo de fondos públicos por parte de organizaciones sociales.
El delito de amenazas tiene una pena máxima de dos años de prisión, pero, hace algo más de un mes, la Sala IV de la CFCP consideró que el ilícito a investigar es el de coacción (amedrentar para que se haga o no se haga algo), que conlleva un castigo de hasta cuatro años de cárcel.
Al decidir ese cambio, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky evaluaron que no había trascurrido el tiempo suficiente para declarar la prescripción de la causa en favor de Sala y otros dos dirigentes de Tupac Amaru, Ramón Gustavo Salvatierra y Mariela López.
La Sala IV consideró entonces que los derechos de los imputados habían sido respetados y que no hubo un retardo injustificado en la administración de justicia.
"El examen del caso revela que la calificación más gravosa (amenazas coactivas), encuentra razonable sustento en la base fáctica constitutiva del objeto de imputación en autos, sin que ello implique emitir un juicio de valor sobre el fondo de la cuestión analizada", remarcaron Hornos, Geminiani y Borinsky.
Sala está detenida desde hace 10 meses en el penal de Alto Comedero, en Jujuy, bajo cargos de asociación ilícita y fraude contra la administración pública, entre otros presuntos delitos.
Fuente: Télam
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La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Milagro Sala y seguirá investigando a la líder de la agrupación Tupac Amaru en una causa por amenazas coactivas contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
La causa se inició por un hecho registrado en octubre de 2009, cuando militantes de Tupac Amaru realizaron un "escrache" contra Morales, entonces senador, y Leandro Despouy, quien estaba a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el marco de una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy sobre el manejo de fondos públicos por parte de organizaciones sociales.
El delito de amenazas tiene una pena máxima de dos años de prisión, pero, hace algo más de un mes, la Sala IV de la CFCP consideró que el ilícito a investigar es el de coacción (amedrentar para que se haga o no se haga algo), que conlleva un castigo de hasta cuatro años de cárcel.
Al decidir ese cambio, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky evaluaron que no había trascurrido el tiempo suficiente para declarar la prescripción de la causa en favor de Sala y otros dos dirigentes de Tupac Amaru, Ramón Gustavo Salvatierra y Mariela López.
La Sala IV consideró entonces que los derechos de los imputados habían sido respetados y que no hubo un retardo injustificado en la administración de justicia.
"El examen del caso revela que la calificación más gravosa (amenazas coactivas), encuentra razonable sustento en la base fáctica constitutiva del objeto de imputación en autos, sin que ello implique emitir un juicio de valor sobre el fondo de la cuestión analizada", remarcaron Hornos, Geminiani y Borinsky.
Sala está detenida desde hace 10 meses en el penal de Alto Comedero, en Jujuy, bajo cargos de asociación ilícita y fraude contra la administración pública, entre otros presuntos delitos.
La causa se inició por un hecho registrado en octubre de 2009, cuando militantes de Tupac Amaru realizaron un "escrache" contra Morales, entonces senador, y Leandro Despouy, quien estaba a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el marco de una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy sobre el manejo de fondos públicos por parte de organizaciones sociales.
El delito de amenazas tiene una pena máxima de dos años de prisión, pero, hace algo más de un mes, la Sala IV de la CFCP consideró que el ilícito a investigar es el de coacción (amedrentar para que se haga o no se haga algo), que conlleva un castigo de hasta cuatro años de cárcel.
Al decidir ese cambio, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky evaluaron que no había trascurrido el tiempo suficiente para declarar la prescripción de la causa en favor de Sala y otros dos dirigentes de Tupac Amaru, Ramón Gustavo Salvatierra y Mariela López.
La Sala IV consideró entonces que los derechos de los imputados habían sido respetados y que no hubo un retardo injustificado en la administración de justicia.
"El examen del caso revela que la calificación más gravosa (amenazas coactivas), encuentra razonable sustento en la base fáctica constitutiva del objeto de imputación en autos, sin que ello implique emitir un juicio de valor sobre el fondo de la cuestión analizada", remarcaron Hornos, Geminiani y Borinsky.
Sala está detenida desde hace 10 meses en el penal de Alto Comedero, en Jujuy, bajo cargos de asociación ilícita y fraude contra la administración pública, entre otros presuntos delitos.
Fuente: Télam