Con la detención de la dirigente ultrakirchnerista Milagro Sala, el 16 de enero comenzaba a desarticularse en Jujuy el estado paralelo que por cerca de una década comandó la titular de la organización barrial Tupac Amaru. Un "estado" manejado a base de amenazas, aprietes y sospechas de corrupción en detrimento de los pobres que la otrora mujer fuerte de la política vernácula decía defender. Ese día los jujeños de bien sintieron que en la provincia se iniciaba el camino de la pacificación y la tolerancia.
Sala fue detenida cerca del mediodía cuando se hallaba en su lujosa casa del barrio Cuyaya, para ser trasladada a la Comisaría de la Mujer de Los Huaicos. Al llegar a la dependencia policial, la dirigente anunciaba el inicio de una huelga de hambre que duró menos que un suspiro. A partir de ese momento se sucedieron toda clase de actuaciones de la líder tupaquera, cambios de estados de ánimo, pasando de la amenaza a la "depresión". Sala, que llegó a ostentar un poder ilimitado, sabía que estaba perdida, que su discrecionalidad en el manejo de fondos públicos iba a ser investigada y que las numerosas denuncias en su contra ya no iban a prescribir. Entonces, primero eligió el camino de la victimización, llegando a decir que la metían presa por su condición de mujer y el color de su piel, por haber construido casas y otros argumentos tan poco creíbles que no merecen siquiera ser mencionados. Luego, cuando vio que ese relato se caía a pedazos como sus posibilidades de recuperar la libertad, apeló a los fueros de parlamentaria del Mercosur, cargo al que no había asumido y que tampoco le aseguraba inmunidad, según lo dispuesto con anterioridad por la Justicia Federal.
En aquel momento, el abogado Luis Paz habló de "un sorpresivo allanamiento en el domicilio de la diputada del Parlasur Milagro Sala, a partir de una orden de detención de la fiscalía de turno Liliana Fernández de Montiel" quien la imputó por "tumulto e instigación a cometer delito" y el juez de feria Gutiérrez ordenó su detención. Para el letrado, con la actuación judicial se criminalizaba la protesta. Lo cierto es que a la causa del salvaje acampe que organizó Sala para desestabilizar al Gobierno de Gerardo Morales se le sumó luego la vinculada con los 29 millones de pesos en efectivo que fueron retirados del Banco Nación en bolsos y cuyo destino es todo un misterio.

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